El abogado Juan Camilo Caicedo, representante de la familia de Yulixa Toloza, solicitó que el caso sirva como precedente para evitar que hechos similares se repitan en Colombia.
En Colombia continúa el proceso judicial tras la desaparición y asesinato de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años cuyo rastro se perdió luego de ingresar a un centro estético irregular en Venecia, Bogotá, para someterse a una intervención quirúrgica.
Las autoridades iniciaron una búsqueda que culminó el 19 de mayo, cuando el cuerpo sin vida de Toloza fue hallado en una vía de Cundinamarca. La Policía capturó a dos ciudadanos venezolanos que intentaban desaparecer el vehículo en el que fue trasladada la mujer.
En Venezuela fueron detenidos la dueña del centro estético, María Fernanda Delgado; su esposo; y el cirujano que habría intervenido a Toloza. Sin embargo, la legislación venezolana prohíbe la extradición de sus connacionales, lo que genera interrogantes sobre el curso del caso.
El abogado Juan Camilo Caicedo declaró al diario El Espectador que se debe replicar con los capturados en Venezuela lo ocurrido con los dos sujetos que intentaban ocultar el vehículo. Afirmó: “Hubo una imputación por dos delitos contra las dos personas que estaban destinadas a ocultar el vehículo en el que la señora Yulixa fue transportada, para despojarse del cuerpo. Se les imputaron los delitos de favorecimiento y ocultamiento o destrucción de elemento material probatorio”.
Caicedo señaló que la evidencia más sólida contra los imputados en Colombia es una conversación en la que Delgado indicó a los ciudadanos venezolanos: “que cuando vayan a despojarse del vehículo usen tapabocas, que miren para todos lados, que no miren cámaras”.
Respecto a la extradición, el abogado sostuvo: “El inconveniente principal es que estas personas huyeron a su país de origen, Venezuela, y la Constitución venezolana tiene una prohibición de extradición. No obstante, existe el Tratado Bolivariano de 1911, que sigue vigente y avala la extradición entre las naciones bolivarianas”.
Caicedo agregó: “Aquí la Fiscalía y el Estado colombiano tendrán que hacer su tarea: solicitar la extradición y solicitar que se aplique el artículo 27 de la Convención de Viena, que establece que los tratados internacionales son obligatorios para las partes… La Fiscalía tendrá que avanzar con el proceso, ya sea con ellos respondiendo desde la distancia o con una declaratoria de contumacia, para que el proceso siga en Colombia”.
Finalmente, el abogado subrayó la necesidad de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas y enviar un mensaje claro: “Estos procedimientos estéticos en lugares no apropiados y fraudulentos no pueden seguir ocurriendo ni en Bogotá ni en ninguna ciudad del país”.