“Achíquense. El sistema de transporte público de colectivos que tenemos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es acorde al de un país con 60 por ciento de pobreza.” Esta respuesta es la que reciben los empresarios de transporte de colectivos cuando reclaman al gobierno un aumento de tarifas o subsidios para descomprimir la negociación paritaria. El pedido de ajuste, también al servicio de transporte público de pasajeros, podría comenzar a tener efectos inmediatos. Es que sin una recomposición de los precios (por tarifas o subsidios), las empresas aseguran que deberán ajustar por cantidad es decir, reducir las frecuencias y echar a, por lo menos, 10.000 choferes deteriorando aún más el servicio de transporte en el AMBA.
Esta semana es clave para el sistema de transporte público automotor en el AMBA: la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que agrupa a los trabajadores de la rama del transporte colectivo, amenaza con una medida de fuerza, que se convertiría en la tercera desde que asumió el nuevo gobierno, si las empresas no incorporan los 250.000 pesos que se pagaron como suma no remunerativa para calcular el salario base a partir del cual negociar el próximo trimestre.
A contrarreloj, las empresas le tocan la puerta al secretario de Transporte Franco Mogetta para que les libere alguna vía por la cual aumentar los ingresos del sector, que son regulados por el Estado a través de la determinación del nivel de tarifas y compensaciones a percibir (subsidios) a raíz de un cálculo que contempla los costos de operación, inversión y la ganancia empresarial. En diálogo con PáginaI12, fuentes de gobierno consideran «muy alta» la recomposición de tarifas realizada hasta acá, que acumula 419 por ciento en lo que va del año; así como tampoco consideran que haya lugar para un aumento de partidas para subsidios en un contexto de recorte del gasto público.
«Si no nos habilitan alguna fuente de ingresos, vamos a tener que empezar a achicarnos», asegura el sector empresario. «Achicarnos» se traduce en una fuerte desmejora del servicio: en principio, reduciendo las frecuencias de los móviles a la vez que echando a «alrededor del 20 por ciento» de los 50.000 choferes que circulan por el AMBA. El sector empresario replica incluso una frase que en el gobierno le dicen sin pudor: “Achíquense. El sistema de transporte público de colectivos que tenemos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no es acorde al de un país con 60 por ciento de pobreza.”
El reclamo de la UTA
Este jueves a las 13 los operadores de transporte de colectivos del AMBA se reunirán por zoom con sindicatos para rediscutir la paritaria firmada y homologada en febrero por el Secretario de Transporte. La negociación está trabada antes de empezar -tanto, que la UTA amenaza con una medida de fuerza que, de llevarse a cabo, sería el viernes de esta semana-.
La UTA reclama que se incorpore al salario básico de 737.000 pesos firmado en febrero un monto de 250.000 pesos que se otorgó ese mes en concepto de suma no remunerativa. En base a esto, la UTA reclama un piso de negociación de 987.000 pesos para el mes de marzo, frente a los 737.000 pesos que considera la patronal. «En marzo cobramos menos que lo que cobramos en febrero, con inflación de dos dígitos. Sin esa condición no podemos ni siquiera empezar a hablar de los aumentos del próximo trimestre», explica a PáginaI12 Mario Calegari, vocero de la entidad. El reclamo salarial de la UTA significa para los operadores un costo adicional de 12.500 millones de pesos.
En el caso de que el jueves no haya acuerdo, la UTA aseguró que realizará un nuevo paro de transporte, que se estima será el próximo viernes. Es el tercero que se realiza desde que asumió Javier Milei. El último fue hace menos de dos semanas.
Descapitalización del sector
El sistema de colectivos es el principal modo de transporte público utilizado por los más de 4 millones de personas que se movilizan a diario en el AMBA, y explica el 82,5 por ciento de los viajes realizados. Cuenta con 18 mil unidades, distribuidas entre 387 líneas, empleando a más de 50 mil trabajadores.
Los ingresos del sector son regulados por el Estado, determinando el nivel de tarifas y subsidios a percibir. De acuerdo a las empresas, la diferencia entre los costos calculados por el Estado para determinar el nivel de subsidios y el costo enfrentado por los operadores es superior al 40 por ciento. «¿Cómo se cubre esta diferencia? En primer lugar, disminuyendo la inversión y compra de nuevas unidades, lo que impacta en una mayor antigüedad del sistema y, luego, disminuyendo la frecuencia del servicio, que se traduce en más demoras y espera por parte de los usuarios», aseguran fuentes del sector empresarial.