En un nuevo capítulo desregulador, el Gobierno terminó de liberar los controles sobre el sector de telecomunicaciones y así renovó las señales para que las empresas aprovechen la volteada para incrementar ganancias, en un contexto de profunda crisis del mercado interno.
El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) anunció este jueves la derogación de una serie de resoluciones que complementaban la regulación sobre los precios de los servicios de telecomunicaciones. La Resolución 13/2024 publicada en el Boletín Oficial deja sin efecto normativas emitidas entre 2020 y 2023, que establecían controles de precios para servicios de internet, telefonía móvil y televisión por cable.
Las regulaciones que ahora se anularon hace rato que no tenían plena vigencia, porque las tres grandes empresas del sector (Telecom, Telefónica y Claro) habían ganado la batalla de la judicialización. Sin embargo, sí habían tenido impacto en la política de precios de las empresas medianas y además ejercían una suerte de regulación implícita sobre el sector. Recientemente, la regulación del gobierno anterior recibió un fallo en contra de parte de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa.
Según las empresas del rubro, la nueva medida no tendrá impacto ya que la Justicia ya se había expedido en el mismo sentido. En algún sentido, tienen razón, porque la desregulación, en los hechos, ya estaba vigente: entre enero y mayo, el rubro de comunicación, según el Indec, acumula una suba del 123 por ciento, frente a una inflación del 71 por ciento en el mismo período.
La situación era a la inversa a finales de 2023: la suba de precios en el rubro de comunicación acumuló en todo el año un 186,4 por ciento, mientras que la inflación terminó en el 211 por ciento. De igual forma, en 2022, la suba de precios general fue del 94,8 por ciento, al tiempo que comunicación también quedaba por debajo, con el 67,8 por ciento. Es decir que, con sus limitaciones, la normativa anterior tuvo su impacto a la hora de contener los precios de las empresas de telecomunicaciones.
Sin defensa
Para Gustavo López, exvicepresidente del Enacom, queda claro que «el Gobierno piensa en las empresas y no en la gente. Hay libertad de acción para las empresas y la gente no tiene ningún mecanismo de defensa, no sólo porque Milei desreguló la actividad, sino porque además el Enacom anuló todas las resoluciones que no sólo establecían el aumento máximo sino también cuestiones asociadas los parámetros de razonabilidad de los aumentos. Sin esos criterios, los usuarios no tienen forma de reclamar el cumplimiento de la normativa que advierte que los precios deben ser razonables».
La experiencia reciente en materia de desregulación muestra que los sectores que se beneficiaron de este tipo de medidas, como por ejemplo las alimenticias y las prepagas, adoptan una actitud muy agresiva de aumentos de precios. La idea pareciera ser aprovechar al máximo la oportunidad de negocios. De inversiones y generación de empleo a partir del nuevo clima de negocios, nada.
«Las empresas van a aumentar los precios hasta que el bolsillo aguante, después van viendo cómo hacen. Ahora tienen la tranquilidad de que no hay ninguna norma que genere obligaciones en materia de su política de precios», sostiene López. Respecto del impacto inmediato de la medida, cabe recordar que las tres grandes empresas de telefonía celular del país no cumplían con la vieja normativa, gracias al visto bueno de la Justicia. Pero además, en abril la Justicia había fallado a favor de las firmas.
Sin embargo, según Gustavo López, «hay un 20 o 25 por ciento de usuarios que, sacando telefonía celular, sí estuvieron bajo las condiciones de la control porque recibían servicios de parte de pymes y cooperativas, que sí estaban alcanzadas por las regulaciones«. Pero además, agrega el ex funcionario del Enacom, las regulaciones ejercían cierto efecto de contención sobre los precios de las grandes empresas que estaban provisoriamente desregulados. De modo que el sector se movía hasta el año pasado por debajo de la inflación, como muestran los números más arriba.
Afuera!
En abril pasado, el Gobierno lanzó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020. Este último había declarado a los servicios TIC como «servicios públicos esenciales y estratégicos«, otorgando al Enacom la facultad de regular sus tarifas.
Gracias a aquella disposición de Milei, las empresas de telecomunicaciones recuperaron la capacidad de fijar libremente sus precios, algo que el organismo regulador justificó como necesario en ese momento para «salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia».
En sus considerandos, el Ejecutivo argumentó que la desregulación de las tarifas del sector obedece a la necesidad de que las compañías puedan «cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación». Recientemente, la Justicia también anuló el decreto de 2020 que definía al sector como servicio público, plafón para establecer las posteriores regulaciones.
Asimismo, ahora el Enacom eliminó una serie de disposiciones que permitían operativizar la regulación del Estado sobre los precios, estableciendo los parámetros para definir los aumentos. También se borraron los topes a los aumentos. “Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”, señalan los considerandos. Sin criterios de razonabilidad y con el organismo regulador, el Enacom, diezmado por los despidos, parece difícil pensar que los usuarios puedan reclamar ante abusos.
En cuanto a la cuestión de fondo, asociada a la calificación de servicio esencial a las telecomunicaciones, está claro que la herramienta utilizada por el Gobierno anterior, un decreto de necesidad y urgencia, resultó débil y la propia Justicia lo frenó. No caben dudas que el actual Gobierno profundiza la apuesta de la desregulación en general y en particular en el rubro.
«El propio Enacom cerró delegaciones porque ahora los trámites se hacen online. Las jubilaciones se tramitan a distancia, el Estado nacional se está digitalizando. Los ciudadanos ya necesitan Internet al igual que otros servicios esenciales. De modo que no se puede tratar como un servicio más que se presta en el mercado. Mientras varios países están avanzando en esa dirección, incluso Chile, nosotros retrocedemos«, indicó López.
En medio de la crisis, de acuerdo a la Cámara Argentina de Internet (CABASE), el 67,5 por ciento de los hogares argentinos tomaron alguna medida para reducir el costo de su servicio de internet fijo frente a la complejidad del contexto económico de los últimos meses. Asimismo, el 65,3 por ciento de los hogares tomaron medidas para reducir el costo de su servicio de TV paga.