El gobierno de Nicolás Maduro tramita la solicitud de una orden de detención contra el presidente argentino Javier Milei, su hermana y secretaria general de la Presidencia Karina Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
Así lo anunció el fiscal chavista Tarek William Saab, en una aparición en los medios venezolanos. Según trascendió, al mandatario argentino y a dos de sus funcionarios más cercanos se les abrió una «averiguación» por el «robo» del avión venezolano-iraní que estuvo retenido en Buenos Aires desde junio de 2022 y fue enviado a Estados Unidos en febrero pasado.
El gobierno de Nicolás Maduro ordenó detener a Javier y Karina Milei y a Patricia Bullrich
«Este ministerio público de República Bolivariana de Venezuela anuncia la asignación de dos fiscales especializados en la materia, quienes adelantan las diligencias pertinentes del caso, y se encuentran tramitando las órdenes de aprehensión contra los siguientes ciudadanos, en base a lo anteriormente dicho: uno, Javier Milei, presidente de la República Argentina; Karina Milei, secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina; y Patricia Bullrich, ministra de seguridad de la nación Argentina«, sostuvo Saab en un mensaje televisado a los venezolanos.
«Una burla para la Justicia argentina», acotó Saab sobre los funcionarios. Se limitó a detallar que la presentación, con las solicitudes de aprehensión, se concretará «en las próximas horas en un tribunal competente» en Venezuela.
El caso por el que Venezuela quiere pedir la detención de Milei se remonta a junio de 2022, cuando un Boeing 747-300 de la empresa Emtrasur Cargo aterrizó en Buenos Aires para cargar combustible. Como la aeronave está sujeta al sistema de sanciones de los Estados Unidos por supuesto uso para actividades terroristas internacionales, ninguna petrolera accedió a suministrárselo.
El avió estuvo en Ezeiza más de un año y medio. Finalmente, a mediados de febrero pasado agentes de Estados Unidos se llevaron el avión a su país. El decomiso obedecía a que se habría usado para actividades terroristas con las milicias iraníes, ya que el Boeing 747-300M había sido comprado por el régimen chavista en Venezuela a la empresa iraní Maham Air.
El anuncio de la fiscalía chavista se da luego de que los fiscales argentinos Carlos Stornelli y José Agüero Iturbe reclamarán el martes a la Cámara Federal de Buenos Aires (Argentina) que se ordene la indagatoria y la captura de Nicolás Maduro y de su mano derecha, Diosdado Cabello. El dictamen también alcanza a una treintena de militares y agentes de inteligencia acusados de ser responsables de torturas, secuestros y ejecuciones en su país, en el marco de un «plan sistemático».
El pedido de captura internacional de Nicolás Maduro en la Justicia argentina
El planteo del Ministerio Público Fiscal fue consecuencia de un pedido de las víctimas que denunciaron estos crímenes en la Argentina bajo el principio de justicia universal. Seis venezolanos contaron en la audiencia los tormentos sufridos.
Uno de ellos era un fiscal venezolano cuyo testimonio sirvió para poner en jaque la idea de que estos crímenes debían ser castigados en su país de origen.
Durante la audiencia estuvo presente la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, en nombre del Gobierno nacional. Junto a las víctimas también estuvo sentado Waldo Wolff, ministro de Seguridad porteño y uno de los impulsores de esta denuncia. Entre el auditorio también se acercaron el diputado del PRO Fernando Iglesias y la integrante del Consejo de la Magistratura Jimena de la Torre.
Ante la cantidad de participantes, los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, integrantes de la Sala I de Cámara Federal porteño, hicieron la reunión en uno de los salones de la planta baja previstos para juicios orales. Pese a la convocatoria mediática para cubrir la reunión, los jueces ordenaron que no se podía tomar fotos de las víctimas: muchas de ellas tienen reservada la identidad porque temen las represalias.
Aun así, algunos de los presentes quisieron hablar directamente a los jueces para relatar lo vivido en Venezuela durante el régimen de Maduro, agradecerle al país por darles refugio y reclamar que, desde aquí, se haga justicia.
Por eso sobresalió el testimonio de un fiscal que investigó los crímenes ocurridos en manifestaciones a estudiantes y que, a través de su investigación, pudo determinar que los agentes policiales a los que acusaban habían en realidad cumplido órdenes. Cuando quiso apuntar a la cadena de mandos, fue secuestrado ilegalmente y torturado. Finalmente, pudo salir del país y buscar refugio en la Argentina.
Hasta ahora, nunca había declarado ante la justicia argentina pero fue a Comodoro Py a decir expresamente por qué la justicia venezolana no iba a investigar lo que sucedía allí y pedía a los tribunales argentinas que hicieran algo.
El abogado Tomás Farini Duggan -representante legal de Foro Argentino por la Democracia en la Región FADER, encabezado por Wolff- repasó los términos de la investigación y reclamó la declaración indagatoria y la captura internacional de Nicolás Maduro por delitos de lesa humanidad. Entre esos hechos se incluyeron la desaparición de Rocío San Miguel, y los vejámenes y ejecuciones que tuvieron lugar en el marco de las convulsionadas elecciones que tuvieron lugar en agosto pasado en Venezuela, donde la oposición y distintos países denunciaron el fraude electoral para que Maduro pudiera seguir en el poder.