En la semana, varias organizaciones sociales presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el gobierno de Javier Milei, alegando una «crisis alimentaria» y la «destrucción de las políticas sociales».
Esta acción ha generado un intenso debate y diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. La denuncia al Gobierno fue encabezada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), junto con otras organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
Estas organizaciones argumentan que las políticas implementadas por el gobierno de Milei han llevado a un aumento significativo de la pobreza y la indigencia en el país, afectando gravemente a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, expresó durante la audiencia que el gobierno de La Libertad Avanza representa «un plan de miseria planificada, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria». Según Gramajo, la eliminación de programas sociales y el desfinanciamiento de obras en barrios vulnerables han exacerbado la situación de pobreza y hambre en el país.
Las organizaciones sociales presentaron un informe detallado ante la CIDH, en el que se destaca el aumento del 11% en la pobreza y más de seis puntos en la indigencia durante el primer semestre de 2024. Además, denunciaron la eliminación del Monotributo Social y el desacople del Salario Social Complementario del aumento del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que ha dejado a muchas familias sin los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas.
Natalia Zarza, dirigente de la UTEP, alertó sobre el avance del narcotráfico en los barrios más afectados por la pobreza, una situación que, según ella, se agrava cuando «el Estado se retira y crece la pobreza».
Denuncia
También mencionó que desde diciembre de 2023, las organizaciones sociales no han recibido ningún tipo de insumo ni prestación, apuntando directamente contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
El gobierno de Javier Milei, a través del Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, respondió a las acusaciones en un informe de 13 páginas presentado ante la CIDH. En este documento, el gobierno desmintió las afirmaciones de las organizaciones sociales y defendió sus políticas, argumentando que han ejecutado el 82,43% del presupuesto destinado a políticas alimentarias.
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