A partir de este lunes 1 de diciembre, entra en vigor el nuevo régimen de registro de agentes de salud, establecido por la resolución 3284 de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La medida tiene como objetivo permitir que los trabajadores puedan derivar sus aportes salariales directamente a las empresas de medicina privada, sin necesidad de intermediarios. Este cambio, impulsado por reclamos de los trabajadores, busca eliminar un esquema de triangulación entre obras sociales y prepagas que ha sido utilizado durante décadas.
La medida afecta potencialmente a 4.300.000 trabajadores en relación de dependencia que, a través de una plataforma habilitada por el Ministerio de Salud, podrán redirigir sus aportes directamente a las empresas de medicina prepaga.
Según estimaciones oficiales, la intermediación entre obras sociales y prepagas representaba un costo adicional de entre 3% y 7% del valor de los servicios. Este porcentaje, conocido como «peaje», se sumaba al costo de las cuotas mensuales.
Con la eliminación de esta intermediación, el Gobierno busca que las prepagas puedan ofrecer cuotas más accesibles o, al menos, moderar los incrementos. Sin embargo, la decisión final sobre cómo se gestionará este ahorro dependerá de cada empresa de medicina privada.
Prepagas: qué debe hacer el afiliado para derivar aportes sin triangular
Para facilitar la implementación del nuevo sistema, la SSS anunció que se adaptará la aplicación Mi Argentina. A través de esta herramienta, los trabajadores podrán verificar cuánto de sus aportes va destinado a prepagas y cuánto a las obras sociales.
Según datos oficiales, solo en noviembre, la triangulación absorbió $41.158 millones. Esta cifra representa una parte significativa de los fondos recaudados por el sistema de salud.
Rol del Fondo Solidario de Redistribución
Una porción de los aportes, equivalente al 15%, se destina al Fondo Solidario de Redistribución (FSR). Este fondo se utiliza para cubrir gastos médicos de personas con discapacidad, entre otras necesidades del sistema de salud.
En el último año, la cantidad de afiliados con discapacidad que recibieron ayuda del FSR aumentó un 13,5%. Sin embargo, el subsidio promedio per cápita, aunque creció un 150,7% entre noviembre de 2023 y el mismo mes de este año, quedó por debajo de la inflación acumulada interanual del 193%.
En términos de 2024, el subsidio per cápita mostró un incremento del 132,5%, cifra superior al aumento del 108,4% registrado en la categoría de salud dentro del índice de precios al consumidor medido por el INDEC.
El Gobierno ha planteado un debate sobre las responsabilidades del FSR, particularmente en lo referente a gastos de educación y transporte de personas con discapacidad. En noviembre, las coberturas relacionadas con estas áreas demandaron $88.225 millones, alcanzando un total acumulado de $671.530 millones en lo que va del año.
Funcionarios de Salud argumentan que dos tercios de estos gastos corresponden a servicios que deberían estar a cargo de las provincias, no del fondo solidario. Proponen que las jurisdicciones se responsabilicen de esta erogación, estimada en $450.000 millones para 2024.
Además, mencionaron que se han detectado facturaciones erróneas o fraudulentas en servicios de educación y transporte, lo que podría haber incrementado los costos del sistema.
Tensiones con los sindicatos
La implementación del nuevo régimen generó resistencia en sectores sindicales. Los gremios, especialmente los vinculados a la Confederación General del Trabajo (CGT), han expresado su descontento, argumentando que la medida podría afectar la estructura de financiamiento de las obras sociales, que tradicionalmente han jugado un rol central en el sistema de salud argentino.
El conflicto se enmarca en un contexto de tensiones entre el Gobierno y la CGT, que podrían intensificarse a medida que avance la implementación del nuevo esquema.
El nuevo sistema representa un cambio significativo en el modelo de financiamiento de la salud en Argentina. Al eliminar la triangulación, el Gobierno busca mejorar la transparencia y reducir costos para los trabajadores. Sin embargo, el éxito de esta medida dependerá de la capacidad de las empresas de medicina privada para trasladar el ahorro a los usuarios y de las provincias para asumir las responsabilidades que se les deleguen.
Por otro lado, las tensiones con los sindicatos y las posibles implicancias en la sostenibilidad de las obras sociales podrían configurar un escenario de negociación y ajustes adicionales en el corto y mediano plazo. La resolución del conflicto será clave para garantizar la estabilidad del sistema de salud en esta nueva etapa.