A mediados de este año, el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue señalado porque se dio a conocer que en varias sedes de su cartera se había montado un esquema de coimas e información privilegiada con la finalidad de eliminar multas de tránsito a cambio de una cuantiosa suma de dinero. En principio, este dinero se subdividía entre quien otorgaba, de manera directa, el servicio ilegal, y otra parte iba para el personal jerárquico que supervisaba al gestor involucrado en el ilícito.
Según trascendió, sin importar si la multa se había generado por conducir con exceso de velocidad, cruzar semáforos en rojo o estacionar en un espacio reservado para personas con discapacidad o movilidad reducida, este sistema ilícito habría permitido eliminar cualquier tipo de infracción.
Esta misma investigación, que lejos de pasar desapercibida generó que se evaluara el apartamiento de D’Onofrio de su cargo, fue la que también lo vinculó a una empresa que brinda servicios tecnológicos a las concesionarias de la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Según las acusaciones, esta empresa habría cobrado un 8,5% más IVA sobre cada tarifa de verificación vehicular.
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El sobreprecio que, presuntamente, se estaría aplicando recae en el servicio de verificación técnica, el cual, en la categoría más económica de automóviles, tiene un costo de $53.819. La mencionada firma además habría añadido un sobreprecio en el Impuesto al Valor Agregado (IVA), cobrando $4.574 adicionales por cada servicio.
De acuerdo con el proyecto de presupuesto 2025, el gobierno de Axel Kicillof estima recaudar el próximo año $30.794.965.000 a través de la VTV. Los concesionarios que operan las estaciones de verificación pagan a la administración provincial un canon que oscila entre el 5% y el 16%. Esto significa que, por cada verificación realizada en la categoría más económica de automóviles, la provincia percibe entre $2.690 y $8.661.
Por otro lado, en lo que respecta a la recaudación por multas de tránsito, el ministro D’Onofrio informó que en 2022 se recaudaron $13.808.694.024, mientras que en 2023 esa cifra ascendió a $26.194.455.738. En lo que va de 2024, el monto recaudado ya alcanza los $67.211.561.043. Este notable incremento está relacionado tanto con el aumento de los precios de las infracciones como con el impacto de la inflación.
Allanamientos recientes
Esta semana, tras varios meses de investigación, se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos en sedes ligadas al Ministerio de Transporte en la ciudad de La Plata. El primero tuvo lugar en la Dirección de la firma Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., que resultó ser la sede de un estudio contable a cargo de Víctor Hugo Lavigne. Además, se realizaron allanamientos en tres domicilios adicionales vinculados a la misma empresa.
En base a las pruebas recogidas, la Justicia sospecha que el titular de Transporte, Jorge D’Onofrio, habría montado un negocio ilícito junto a su pareja, Claudia Pombo, y Mario Quattrocci, un funcionario bonaerense de su confianza. Según lo detallado en el expediente de la causa, se habla de la existencia de una «estructura criminal» dedicada a borrar, mediante el pago de coimas, infracciones de tránsito. Este sistema habría causado un daño millonario al Estado provincial.
Modificaciones tras el escándalo
En septiembre, ante la presión pública y los cuestionamientos recibidos, el ministro D’Onofrio anunció reformas en el sistema de juzgamiento de multas. Durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro coordinador Carlos Bianco, D’Onofrio reconoció que el sistema vigente, implementado en 2009, presenta falencias importantes debido a los avances tecnológicos y las nuevas demandas administrativas.
«El nuevo proceso nos permitirá realizar un encriptado directamente desde el sistema electrónico hasta el proceso de juzgamiento», explicó el titular de Transporte. Esto, señaló, evitará problemas como la falta de legibilidad de algunas fotomultas y garantizará una mayor transparencia en los procedimientos.
Además, adelantó que el nuevo sistema contará con el apoyo de la Facultad de Informática de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), con quienes se firmará un convenio de colaboración técnica. Según D’Onofrio, el objetivo es que el sistema esté operativo antes de fin de año, transformándose en un modelo más eficiente y confiable para la provincia de Buenos Aires.
Aunque reconoció algunos defectos en el sistema actual, D’Onofrio negó rotundamente que exista la posibilidad de eliminar o manipular las multas de tránsito. «Queremos que en el futuro todo esté mucho más transparente y que no haya lugar para este tipo de acusaciones», afirmó.