El estado de Arizona avanza con una propuesta legislativa que podría cambiar radicalmente la forma en que se aplican las leyes migratorias en su territorio. El proyecto de ley SB-1164, conocido como el “Arizona Immigration, Cooperation and Enforcement Act” (o Arizona ICE Act), busca obligar a las agencias de seguridad locales a colaborar activamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
La iniciativa, impulsada por la Legislatura de Arizona, establece que todas las agencias de aplicación de la ley locales (LEAs, por sus siglas en inglés) deben firmar un memorándum de entendimiento con el ICE antes del 1° de enero de 2026.
Este acuerdo las incorporaría al programa 287(g), un mecanismo que permite a los oficiales locales actuar como agentes federales de inmigración. Según el texto del proyecto, las LEAs deben reportar su cumplimiento con estas disposiciones y garantizar que sus oficiales reciban la capacitación necesaria para llevar a cabo estas funciones. Además, se les otorga inmunidad legal por el uso de recursos federales en la aplicación de las leyes migratorias.
Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es su enfoque en las solicitudes de detención migratoria. Cuando una persona es arrestada y se sospecha que está en Estados Unidos de manera irregular, las agencias locales están obligadas a notificar a las autoridades correspondientes y cumplir con las solicitudes de detención emitidas por el ICE, siempre que estas sean consideradas “suficientes en apariencia”.
Esto último significa que, si un formulario oficial del ICE indica que hay causa probable para creer que alguien es “extranjero removible” según las leyes federales, la policía local debe retener a esa persona hasta que las autoridades migratorias tomen cartas en el asunto.
El proyecto también exige que los centros correccionales del estado firmen acuerdos con el ICE para alojar temporalmente a personas sujetas a órdenes de detención migratoria. Estos acuerdos podrían incluir la cobertura de los costos asociados con la detención, lo que implica un uso significativo de recursos estatales.
Además, el fiscal general de Arizona tendría la facultad de hacer cumplir estas disposiciones, lo que aseguraría que las agencias locales y los centros correccionales cumplan con sus obligaciones bajo la nueva ley.
Para financiar estas medidas, el proyecto prevé la asignación de fondos del presupuesto general del estado. También se contempla la creación de programas de incentivos y subvenciones para fomentar la participación de las agencias locales en la aplicación de las leyes migratorias.
Según el texto, “los funcionarios o agencias de este estado no pueden ser impedidos de utilizar recursos federales, donde se incluyen bases de datos, equipos, fondos de subvenciones, capacitación o participación en programas de incentivos para cualquier propósito relacionado con la seguridad pública y la aplicación de las leyes migratorias”.
El Arizona ICE Act representa un esfuerzo por ampliar el alcance de las políticas migratorias federales a nivel local, algo que ya fue implementado en otros estados con resultados diversos. Si se aprueba, Arizona se uniría a una lista cada vez más larga de jurisdicciones que buscan desempeñar un papel más activo en la detención y deportación de personas indocumentadas.
Mientras el debate continúa, una cosa es clara: esta ley podría redefinir la relación entre las comunidades migrantes y las fuerzas del orden en Arizona, con consecuencias que resonarán mucho más allá de sus fronteras.