A instancias del diputado del FITU, Christian Castillo, integrantes de la Comisión de Obras Públicas resolvieron avanzar con un pedido de interpelación al secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique Giovine, y el administrador de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, quienes nuevamente estuvieron ausentes en la reunión convocada el martes pasado.
Quienes sí participaron de la reunión fueron representantes de los trabajadores de distintos sectores, que denunciaron la situación que viven a diario.
De sus exposiciones surge que el gobierno nacional abandonó las rutas y obras públicas que estaban en construcción; que mantiene el cobro del impuesto al combustible (que tiene un proporcional destinado a obras en rutas nacionales y provinciales) aunque paralizó la obra pública; que congeló los salarios y que amenaza con despidos a más de 1500 trabajadores, de los 5400 que hay en todo el país
Es por ello que el texto encabezado por la firma de Castillo, y que acompañan Germán Martínez y Martín Aveiro (UP), Julio Cobos (UCR), Danya Tavela (DPS), Esteban Paulón (PS), Nicolás del Caño (PTS/FITU), Vanina Biasi (PO/FITU), Mónica Schlottauer (IS/FITU) y Alejandro Vilca (PTS/FITU), exige respuestas ante el freno en la obra pública por parte del gobierno nacional, lo que se traduce en el deterioro de las rutas, en accidentes viales y en despidos en el sector.
Es el caso de Vialidad Nacional, que como denuncian desde el Sindicato de Trabajadores Viales (STV) enfrenta un proceso de desfinanciamiento patente: “Alguien debería explicar qué hicieron con los 344 millones que no llegaron a Vialidad”, dijeron desde el gremio en la reunión que se realizó el martes 25 en Diputados.
Allí, desde ATE-Vialidad también advirtieron que el estado de las rutas podría empeorar drásticamente. “El 80% de las rutas se van a volver intransitables por este sistema de los 90 que ya fracasó, solo para favorecer a la patria contratista”, afirmaron.
Desde el Sindicato de Peajes (SUTPA), alertaron sobre la situación laboral en el sector. “Los trabajadores de Caminos del Río Uruguay serán despedidos el 9 de abril sin derecho a indemnización”, señalaron, y cuestionaron la respuesta del Ejecutivo: “Fuimos a Vialidad y nos dijeron que no tienen competencia”.
El Comité Nacional en Defensa al Usuario Vial (Conaduv) también participó del debate y advirtió que la situación de las rutas provoca “más de 5.000 muertos por año y 100.000 heridos”.
“El estado de las rutas impacta no solo en la seguridad, sino también en la economía. Sin inversión en infraestructura vial, se encarece el transporte y aumentan los costos de los productos”, concluyeron.
Todo esto da cuenta de la responsabilidad que compete a los funcionarios de La Libertad Avanza, a los que el proyecto insta a informar sin más dilaciones.
Reproducimos el texto completo del proyecto.
Pr_interpelación Obras Públicas by Sol Bajar