El 13 de junio sería la primera revisión del FMI luego del acuerdo técnico de abril con Milei por U$S 20.000 millones. Para dentro de 10 días el Gobierno deberá mostrar una acumulación de U$S 5.000 millones de dólares en las reservas. Milei enfrenta un problema ya que desde el “levantamiento” del cepo, el BCRA no compró dólares.
La semana pasada Caputo buscó cubrir el colchón de reservas tomando U$S 1.000 millones de nueva deuda con fondos de inversión extranjeros y no interviniendo en el MULC comprando divisas para evitar una disparada inflacionaria. El costo, una bola de nieve de deuda cada vez más grande, lo mismo que ya hizo Caputo bajo el gobierno de Macri.
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Dando enormes beneficios a los especuladores con una rentabilidad del 13% en dólares en ¡6 meses!, una tasa que no se consigue en el mundo. Aún así el Gobierno está lejos de la meta, entonces el FMI posterga la revisión para julio y darle aire al Gobierno. Las reservas bajaron a U$S 37.800 millones, unos U$S 1.500 millones menos que a fines de abril.
Se espera una misión del FMI en las próximas semanas para evaluar el cumplimiento del programa acordado. Milei había anunciado cerrar mayo con un récord de U$S 50.000 millones de reservas, sin embargo, las mismas bajaron a U$S 37.800 millones, unos U$S 1.500 millones menos que a fines de abril. En este marco será importante la decisión del Fondo, ya que en algún momento la revisión se tendrá que hacer, y el Gobierno de no haber cumplido deberá pedir un “waiver”, una especie de perdón o permiso al organismo, que implica una mancha ante los mercados internacionales.
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Las política del Fondo, el ancla cambiaria y el problema de las reservas
El Gobierno enfrenta un problema ya que desde el “levantamiento” del cepo, el BCRA no compró dólares. Así busca cubrir el colchón de reservas tomando nueva deuda, rolleando la anterior, y no interviniendo en el Mercado Único y Libre de Cambios para evitar una subida del dólar que genere una disparada inflacionaria.
El costo es altísimo: el precio del dólar, a pesar de la no compra del Gobierno para atesoramiento, se mantiene en el medio de la banda de intervención (no baja), una bola de nieve de deuda con intereses altísimos y el sometimiento a la suerte del Fondo que decida si le baja el pulgar o no al Gobierno. Mientras aplica una dura política de ajuste al gasto público y cepo al salario para generar el «ahorro» que el FMI pide.
La izquierda es el único sector político que plantea abiertamente la necesidad impostergable de rechazar el pacto con el FMI, para poner fin al flagelo que significa para las mayorías sociales vivir bajo la bota de este organismo. Hace ya 7 años que volvió el FMI, de la mano de Mauricio Macri, fue legitimado en el Congreso en 2022 por el peronismo, y este nuevo programa de facilidades extendidas garantiza al menos 10 años más.
En concreto esto se traduce en la continuidad del ajuste del gasto, que es menor plata para salud, educación, realización de obras públicas, tarifazos en los servicios (luz, gas, transporte, agua), despidos de empleados públicos. Seguir hundiendo las jubilaciones y pensiones, que desde que volvió el FMI perdieron un 50 % de poder de compra. Pero también da vía libre a una nueva ola de privatizaciones de empresas públicas y de reformas estructurales. Y la entrega de bienes comunes naturales considerados estratégicos a empresas estadounidenses, como el litio.
Además del rechazo soberano de la estafa de la deuda, la nacionalización del sistema bancario y el comercio exterior bajo administración de los trabajadores, son medidas complementarias que permitirían evitar la gran fuga de capitales y las maniobras especulativas, que alimentan las expectativas devaluatorias. Además, se podrían generar créditos baratos para el pequeño comercio y el pueblo trabajador y cuidar el ahorro nacional. Estas medidas forman parte de un planteo que patea el tablero por una salida de fondo, para empezar a planificar la economía desde abajo, en función de las necesidades de las grandes mayorías y no de las ganancias.
Frente a la crisis económica que continúa acelerándose también hay que exigir aumento de emergencia para salarios y jubilaciones. Ningún salario debería ser menor a la canasta básica familiar y ninguna jubilación puede estar por detrás de la canasta del jubilado. La dirigencia sindical ha sido cómplice de este ataque al salario y jubilaciones, es necesario imponerles un plan de lucha hasta terminar con este plan de ajuste, una huelga general política, único medio para derrotar el conjunto del plan de ajuste del Gobierno, el FMI y el gran empresariado.