Loretta Preska tiene en sus manos uno de los secretos mejor guardados de la historia reciente de la democracia argentina restaurada en 1983. La jueza del segundo Distrito Sur de Nueva York que ya falló en contra de la Argentina en el juicio por la manera en que se reestatizó YPF, y que volvió a volcarse en contra del país el lunes pasado pidiendo la utópica transferencia del 51% de las acciones de la petrolera a los demandantes; maneja dentro de la causa una información explosiva. Y que sólo en su voluntad está hacerla pública. O no. El gran misterio de este megajuicio es quiénes son los socios del principal fondo demandante y doblemente vencedor, Burford Capital. Esta persona, personas o sociedades recibirán, cuando eventualmente Argentina pague los miles de millones de dólares que habría que liquidar según el fallo de Preska (US$ 16 mil millones de piso); una participación importante por haberse asociado a la casa de apuestas de origen inglés. Se sabe que Burford, en el transcurso de la presentación de la causa en abril de 2015 y su victoria de fondo en el tribunal de Preska de septiembre de 2023, vendió aproximadamente el 30% de la causa para costear los gastos de la presentación; y, quizá, para cubrir favores varios. La principal operación de este tipo se dio el 16 de junio de 2017, cuando luego de la presentación oficial y pública de la demanda ante la jueza de Nueva York, vendió el 15% del litigio a un grupo de inversores por unos US$ 66 millones de dólares; tres años después de haber adquirido en 2014 la causa total por unos US$ 35 millones de dólares en la Justicia Civil y Comercial de Madrid; sede de la trifulca judicial original de Petersen Energía y Petersen Inversora, el nombre de fantasía legalista de todo el conflicto.
En aquella operación, el fondo de capitales ingleses especializado en adquirir por el mundo causas judiciales semimuertas para luego inyectarles capital y argumentos penales y comerciales para revivirlas y accionar en consecuencia; había valuado la totalidad de la causa por la renacionalización de YPF en unos US$ 440 millones; mientras le declaraba a Preska por un reclamo general de más de US$ 3 mil millones. Con esos 66 millones de dólares de venta original del 15% de la causa a los misteriosos accionistas, Burford Capital pudo solventar todos los gastos, tanto su adquisición en Madrid, como las acciones judiciales en el Segundo Distrito Sur de Nueva York que maneja Preska. Si la Justicia de los Estados Unidos mantuviera firme el fallo negativo contra el país (algo casi inevitable) hasta el de la causa para cuando llegue a la Corte Suprema de los Estados Unidos y sostuviera así que el monto a pagar fuera de US$ 16 mil millones, la ganancia de Burford entre la compra y el cobro final treparía al 45 mil% en algo más de nueve años de juicio. Supera incluso al más de 1.000% de ganancia de los fondos buitre contra Argentina en la causa iniciada en 2006 y finalizada en 2016. Notable.
Burford no es en realidad experto en inversiones financieras (mucho menos en el mundo energético o petrolero), sino que su especialidad son los megajuicios por demandas millonarias, en general, a compañías en quiebra o empresas en bancarrota que tienen demandas anteriores sin definir y que necesitan efectivo para enfrentar su cierre o concurso. Fue el caso de Petersen, que luego de la renacionalización del 51% de YPF en mayo de 2015 quedó sin poder sostener la compra del 25% que había acordado en los tiempos de Néstor Kirchner, y se vio obligado a presentarse en concurso.
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La causa de fondo se basa en el reclamo de Burford por la forma en que se nacionalizó la petrolera sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA), tal como figuraba en el estatuto definido en 1993 durante la privatización impulsada en la presidencia de Carlos Menem. Allí el país se comprometía en la Bolsa de Comercio de Nueva York a que cualquier operación de adquisición posterior de una porción de la petrolera argentina obligaba a hacer una oferta por el total de las acciones del mercado.
La demanda fue iniciada por un especialista mundial en este tipo de batallas: el fondo Burford Capital. El tipo de maniobra en que se especializa Burford es ofrecer a tribunales de todo el mundo es dinero al contado, a cambio de la venta de la totalidad o parte de los derechos de estas causas. Burford, un gigante financiero con espaldas amplias, luego aplica el profesionalismo de sus abogados internacionales con toda la paciencia del mundo para esperar los fallos finales. De hecho, esta causa comenzó a ser negociada por Burford en junio de 2013; con lo que pudo esperar una definición de casi 11 años.
El reclamo original del fondo es por los daños generados al resto de los accionistas de la petrolera argentina, luego del pago que se les hiciera a los españoles de Repsol por la reestatización del 49% de YPF en 2012. Burford les había comprado a dos empresas españolas, Petersen Energía SAU y Petersen Inversora SAU (sin vinculaciones ya en ese momento con el grupo argentino Petersen desde que se presentó en concurso y posterior quiebra en 2012 en los tribunales españoles), el privilegio de presentar un caso contra la República Argentina y contra YPF, luego de la expropiación de Repsol en 2012. Finalmente, el 11 de julio de ese año, la compañía anunció que había comprado al fondo estadounidense Eton Park Capital una participación del 70% en un caso similar presentado contra el soberano e YPF en 2016.
Los dólares eventualmente pagados por Argentina irían en su mayoría a las arcas del fondo Burford. Sin embargo, aún es un misterio (aunque hay sospechas de todo tipo) sobre quiénes son los dueños de los derechos de los otros millones de dólares que el país deberá liquidar. Algunas de esas especulaciones hablan de fuertes (y muy serias) vinculaciones políticas locales de los propietarios de las acciones que reclaman por los derechos de ese dinero. Profesionalmente es imposible que desde Burford o cualquier tribunal de los Estados Unidos dé los nombres de esos socios del fondo litigante, ya que hay un resguardo absoluto de parte de la jurisprudencia norteamericana de mantener a los accionistas en secreto. Solo por voluntad propia de Preska al considerarla información necesaria en el momento de pagar a los demandantes, o por un pedido expreso de algún juez local, algún colega norteamericano accedería a entregar esa información. También podría eventualmente ser un reclamo del Congreso Nacional, al momento de aprobar una hipotética ley para autorizar al Gobierno al que le caiga en suerte la liquidación de la deuda. En definitiva, sería un derecho argentino saber a quién se le pagará semejante fortuna.
El Grupo Petersen quedó formal y absolutamente fuera del reclamo y de los derechos a cobrar, con lo que hoy el gran misterio de esta megacausa es quién es el socio de Burford en los reclamos.
Esta persona (o personas) o sociedades que integran el listado recibirán, si Argentina pierde el juicio, miles de millones de dólares que tendrá que pagar el país. Tampoco YPF como empresa es responsable de las consecuencias del juicio, tal como lo dejó expreso Preska en su fallo de marzo pasado. Así, la petrolera y sus activos en todo el mundo (incluyendo en los Estados Unidos) están a salvo de embargos y otras acciones penales. No se sabe aún si esto alcanza también a los bienes expuestos de la Nación ante el mundo.
Una historia que el país ya conoce de cerca, cuando desde el tribunal de Thomas Griesa se inició una cacería mundial de bienes argentinos para ser embargados a nombre del fondo buitre Elliot de Paul Singer. Un demandante que, al lado de Burford, se quedó corto.