El Gobierno de Javier Milei acaba de firmar una nueva entrega para las grandes corporaciones: la eliminación de las retenciones para la exportación de minerales, oficializada por el Decreto 563/2025. La medida, que entra en vigencia este viernes, establece una alícuota del 0% para más de 200 productos de la minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación y combustibles, incluyendo el oro, el cobre y las cales. Quedan afuera la plata y el litio, por ahora. No es un ajuste para todos; el ajuste es para los de abajo, el regalo es para las grandes corporaciones.
Milei y Caputo les dan más beneficios a uno de los sectores más privilegiados del país. La eliminación total de las retenciones para la exportación de minerales (menos plata y litio) es algo que no tiene justificación económica ni social. El gobierno argumenta que «la minería representa el 80% de la capacidad exportadora» de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca, y que se busca generar empleo y valor agregado. Pero la realidad es otra: las exportaciones mineras baten récords mientras el empleo en el sector baja (de 82.134 puestos en 2023 a 78.640 en 2024, incluyendo directos e indirectos), y los eslabonamientos productivos brillan por su ausencia.
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No es casualidad. El gobierno de Milei profundiza y perfecciona el régimen proempresario que viene desde la Ley de Inversiones Mineras menemista de 1993. Aquella ley ya les regalaba a las mineras estabilidad fiscal por 30 años, exenciones aduaneras, deducciones impositivas insólitas (como descontar el 100% de los gastos de exploración y factibilidad dos veces del Impuesto a las Ganancias), devolución anticipada del IVA, amortización acelerada en tres años, deducción ambiental sobre los costos operativos y un tope ridículo en regalías provinciales del 3% del valor en boca de mina. Como si fuera poco, podían importar equipos e insumos con tasa 0%.
La eliminación de las retenciones no es el único mimo para las mineras. El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), votado junto a la Ley Bases en junio de 2024, redobla todos los privilegios: no pago de derechos de exportación, estabilidad fiscal y jurídica por 30 años, tope de regalías, exenciones impositivas y aduaneras a medida, y la posibilidad de litigar contra el Estado en foros internacionales como el CIADI. Las provincias que adhieren se atan de manos para cualquier reclamo futuro. Todo esto, mientras la crisis climática y ecológica exige un debate serio sobre el uso de los bienes comunes naturales.
Un Estado para los ricos: ajuste brutal para trabajadores y jubilados
Mientras el Ejecutivo elimina retenciones o las baja como hizo con los productos agrarios en julio, el ajuste sobre las mayorías no para. Los haberes jubilatorios siguen en mínimos históricos, con el gobierno vetando cualquier actualización que supere la inflación. El Senado aprobó el aumento a las jubilaciones, con un impacto fiscal estimado igual al que tiene la quita de retenciones al campo (0,2% del PBI), pero Milei vetó la ley este lunes. No hay plata para los jubilados, pero sí para las mineras y el campo.
Lo mismo ocurre con la asistencia a la discapacidad y el congelamiento de salarios públicos. El Estado ajusta en salud, educación, discapacidad, mientras las grandes empresas reciben exenciones y facilidades fiscales inéditas. La motosierra es para el pueblo trabajador; la alfombra roja, para los CEOs y las multinacionales.
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Detrás de las cifras de exportación minera y agrícola, hay destrucción de territorios, uso irracional del agua, expulsión de comunidades, contaminación y pérdida de biodiversidad. El «desarrollo» prometido no llega a las mayorías: ni empleo de calidad, ni valor agregado, ni transferencia tecnológica. Lo que sí llega son denuncias de fraude fiscal, evasión, e impunidad para las multinacionales.
El consenso del régimen político –del macrismo al peronismo, pasando por Milei– dice que «hay que exportar más para crecer». Pero lo único que crece es la dependencia, el atraso y la entrega de los bienes comunes, mientras las poblaciones afectadas pagan los platos rotos. Frente a este panorama, la bronca crece y la organización desde abajo se vuelve urgente. No alcanza con la denuncia: hay que imponer un plan de lucha real, que incluya un paro nacional y movilización, exigiendo a las centrales sindicales que rompan con la pasividad. La izquierda y las organizaciones populares llaman a pelear, a organizar la bronca y la resistencia, exigiendo el fin de los planes de ajuste del Gobierno nacional.