El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. A través de su cuenta en X, Manuel Adorni anunció la acción del Gobierno: «Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido».
Esta denuncia se enmarca en la acción que comenzó cuando el jefe de Gabinete, Guillermo Francos concedió una entrevista a CNN Radio donde se refirió al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis): “Es una enorme operación política [..] “Comenzó con los audios que se le atribuyen a Spagnuolo, que después fueron transmitidos por un canal de “streaming.” Eso fue replicado la noche previa a que se tratara la ley de emergencia en discapacidad [en el Congreso]. El día que comenzó a tratarse la ley, el diputado [Leandro] Santoro de Unión por la Patria replicó la denuncia en un discurso absolutamente armado, y casi simultáneamente el doctor Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, presentó una demanda en la Justicia. En menos de 24 horas se hicieron estas cosas casi simultáneamente. Lo que demuestra que hay una operación armada.”, dijo Francos.
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Leandro Santoro denunció penalmente a Guillermo Francos por el delito de injurias
Estas declaraciones motivaron que el diputado nacional por Unión Por la Patria, Leandro Santoro, presentara una denuncia penal por calumnias e injurias contra el jefe de Gabinete Guillermo Francos: «Es insólito que el gobierno me denuncie por haber hecho mi trabajo, lo que corresponde en la Cámara de Diputados, están buscando amedrentar. Ahora voy a ir yo a denunciar al gobierno», dijo Santoro en declaraciones en Argenzuela, el programa de Jorge Rial. «No sé si buscan amedrentar como lo hacen con los periodistas».
Procesaron al jefe de seguridad de Nordelta por obstaculizar el procedimiento sobre Kovalivker
El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes 1 de septiembre al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vicentis, por presunta obstrucción de la justicia, acusado de haber obstaculizado el procedimiento en el cual se ordenó secuestrar el celular de Jonathan Kovalivker, uno de los accionistas de la droguería Suizo Argentina investigado por los audios difundidos del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo.
La decisión se tomó sin prisión preventiva, luego de encontrar evidencia como mensajes vinculados a un «protocolo no escrito que exhibe un modus operandi acerca de cómo no colaborar con las fuerzas de seguridad» en caso de allanamientos, según indicó la resolución a la que accedió Noticias Argentinas.