SOCIEDAD
La Policía provincial incautó escopetas, revólveres y estupefacientes tras denuncias anónimas de vecinos.
La Policía de Córdoba ejecutó un megaoperativo con 124 allanamientos en barrios de la capital, tras denuncias anónimas de vecinos sobre actividades sospechosas. El despliegue incluyó la participación de distintas fuerzas de seguridad y se extendió durante varias horas. La acción derivó en la detención de 13 personas acusadas de integrar una red delictiva.
Según informó la fuerza, los procedimientos apuntaron a desarticular vínculos entre el tráfico de armas y el narcotráfico. El crecimiento del mercado ilegal preocupa a las autoridades provinciales. Al cierre del informe, las tareas de control continuaban y no se descartaban nuevas detenciones.
El caso refleja el impacto del crimen organizado en Córdoba, donde el acceso de los delincuentes a armas de guerra genera alarma social. El operativo buscó cortar el suministro de recursos que alimentan la violencia urbana. La investigación seguirá su curso con las pruebas reunidas.
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Armas, drogas y municiones
En los allanamientos se secuestraron 27 armas de fuego, entre escopetas, pistolas y revólveres. También fueron hallados chalecos antibalas, esposas y cargadores. El material quedó a disposición de la Justicia para su peritaje.
Además, los efectivos incautaron 1,5 kilos de marihuana y casi 200 envoltorios de cocaína listos para la venta al menudeo. El hallazgo confirma la conexión entre el narcotráfico y la venta clandestina de armamento. La suma de incautaciones podría aumentar con próximos operativos.
Las autoridades judiciales avanzan en la trazabilidad de las armas, un paso clave para identificar a los proveedores ilegales. El objetivo es interrumpir la cadena de tráfico que abastece a bandas locales. La causa penal seguirá con imputaciones por narcotráfico y tenencia de armas.
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Autoridades en alerta
El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, advirtió que la presencia de armas en manos de delincuentes “es un problema en crecimiento”. Esto demuestra la incapacidad de la gestión para controlar un problema que agobia a la provincia hace tiempo: la inseguridad.
Quinteros precisó que las denuncias anónimas de vecinos fueron fundamentales para iniciar la investigación. También destacó la coordinación entre fuerzas como herramienta clave. No descartó que en las próximas horas se concreten más allanamientos y detenciones.
Las pesquisas incluyeron el rastreo de redes de venta ilegal y movimientos sospechosos. La información recabada permitirá avanzar sobre el financiamiento criminal. El desafío sigue siendo contener a organizaciones que prosperan al margen de la ley.
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