La historia de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) es un ejemplo paradigmático de cómo empresas públicas, concebidas con fines estratégicos y sociales, pueden terminar encarnando lo peor del intervencionismo político: corrupción, déficit estructural, nepotismo sindical y un discurso de “salvar empleos” como coartada para perpetuar un modelo obsoleto.
Desde hace décadas, la explotación del carbón en Río Turbio -y su uso posterior en centrales térmicas- prometió progreso para una región empobrecida; al mismo tiempo, implicó enormes costos fiscales, ambientales y sociales. Recientes auditorías revelaron graves irregularidades en su gestión: movimientos financieros sin respaldo, deudas millonarias con el fisco y un déficit operativo que pone en jaque su viabilidad.
El problema de fondo no es solo administrativo: la apuesta por un recurso fósil como el carbón, en pleno siglo XXI, resulta cada vez más incomprensible. Estudios técnicos muestran que la producción de YCRT tiene una incidencia marginal -por debajo del 0,1%- en la matriz energética primaria nacional. Más aún: la calidad del carbón extraído es baja, lo que genera serios problemas operativos, contaminación y riesgos ambientales y sanitarios.
Sin embargo, cada anuncio de privatización, estatización, reconversión o relanzamiento viene acompañado del viejo argumento de “defender los puestos de trabajo”. Así, los sindicatos que durante años operaron como dispositivos de poder político revalorizan su rol —no en función del bienestar colectivo o el desarrollo sustentable—, sino como guardianes de privilegios y estructuras clientelares. Recientemente, esos mismos sindicatos aparecen en el centro de maniobras para controlar el directorio de la nueva sociedad que reemplaza a YCRT, en beneficio propio o de un puñado de dirigentes.
El resultado es una ecuación oscura: un recurso marginal que consume un enorme presupuesto público, daña el ambiente, perpetúa dependencia y verticalismo político, y ofrece muy poco futuro real a quienes dice “proteger”.
La Argentina necesita una transición energética real. Un modelo de desarrollo fundado en energías limpias, renovables, eficientes y distribuidas, no en reliquias contaminantes cuya lógica ya fue superada en el mundo.
Mantener a YCRT como un símbolo de “justicia social” por conservar empleos equivale a sostener -con dinero público- un monumento al pasado. Pero eso ya no basta. La energía no debería ser un instrumento de clientelismo ni de dependencia política; debería servir a un proyecto de nación soberano, sustentable y con visión de largo plazo.
Si verdaderamente hay voluntad de justicia social, habría que reorientar ese enorme costo estatal -recursos, salarios, subsidios implícitos- hacia programas de reconversión laboral, capacitación, desarrollo de renovables e inversión en infraestructura moderna, distribuida, limpia. A eso deberíamos apuntar: no a preservar dinosaurios productivos, sino a construir futuro.