El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, dispuso en abril de 2025, mediante el Decreto N° 411/2025, la suspensión del sistema de fotomultas por 180 días hábiles, con el objetivo de auditar su funcionamiento y garantizar que su aplicación esté orientada a la seguridad vial y no a fines meramente recaudatorios.
Ese período tenía como fecha de vencimiento el 21 de enero de 2026, pero las autoridades resolvieron extender la suspensión por otros 180 días hábiles, o hasta que concluya el proceso de revisión y puesta a punto del sistema. De esta manera, el nuevo decreto vence, a más tardar, el 8 de octubre de este año y los radares volverían a activarse.
El motivo de esta prórroga responde a que el municipio continúa trabajando el nuevo esquema para que sea transparente, eficiente y que esté claramente orientado a la seguridad vial, dejando de lado cualquier criterio recaudatorio.
Según informaron, el rediseño del sistema incluye el análisis del tipo de cámaras y la tecnología con la que cuenta el distrito, la eventual reubicación de los dispositivos, la implementación de un nuevo circuito de gestión y cobro de infracciones, y la actualización de normas y acuerdos técnicos que respalden todo el proceso.
Como ejemplo concreto, fuentes oficiales señalaron que varias cámaras de fiscalización dejan de funcionar de manera definitiva, más allá de la vigencia del decreto. Entre ellas se encuentran tres de control de velocidad (ubicadas en Cuyo 3405, Elcano 1540 y Juan Díaz de Solís 2490) que concentraban la mayor cantidad de infracciones y que fueron reemplazadas por reductores de velocidad.
“No estamos en contra de las cámaras de fiscalización; las fotomultas son una herramienta válida para la seguridad vial, pero deben ser sólo una más dentro de un conjunto de medidas y tienen que contar con un sistema transparente”, le comentaron fuentes del municipio a este medio.
Mientras avanza esta reestructuración, los agentes de tránsito del municipio continúan realizando operativos en calles, avenidas principales y secundarias, así como en los principales accesos.
El Municipio de San Isidro cuenta con 268 dispositivos de fiscalización, de los cuales 229 corresponden a cámaras instaladas en semáforos, utilizadas para sancionar maniobras como la invasión de la senda peatonal o el cruce con luz roja. A modo de contraste, Tigre —uno de los distritos vecinos— informó oficialmente que dispone de apenas 26 radares operativos, considerando todas sus categorías.
Estos elevados números fueron consecuencia de dos convenios firmados por la gestión anterior con la Universidad Nacional de General San Martín (UNSAM) y la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz (UNSO), suscriptos el 7 de mayo de 2020 y el 1 de agosto de 2022, respectivamente.
Según pudo saber LA NACION, en el caso de la UNSO el nivel de egreso es bajo: se gradúa alrededor del 10% de los estudiantes e incluso cuando la institución contaba con pocos titulados, ya intervenía en el esquema de fotomultas. En 2022, año en el que se rubricó el acuerdo, ingresaron 1913 alumnos y sólo 206 lograron recibirse.
En 2024, esa universidad manejó un presupuesto de $2900 millones, lo que representa un gasto promedio de $4.000.000 por estudiante. “Es una universidad sostenida con recursos públicos que terminó funcionando como una caja política”, había señalado fuentes con conocimiento del tema.
En este contexto, el intendente resolvió en abril de 2025, mediante decreto y de manera transitoria, apagar el sistema de fotomultas hasta que se adecúe a la normativa vigente y vuelva a enfocarse en la reducción de la siniestralidad vial, y no en fines recaudatorios ni en beneficios para terceros.
“Cuando pongamos en marcha el nuevo sistema sin las universidades metidas en el medio, volveremos a tener cámaras, pero en pocos puntos y orientadas a la seguridad vial”, agregaron fuentes del municipio.
Por otro lado, los 229 radares instalados en semáforos (que representan el 85% del sistema de fotomultas) no están orientados de manera directa a controlar el principal factor asociado a los siniestros viales con víctimas fatales.
De acuerdo con el informe “Factores concurrentes de los siniestros viales con víctimas fatales en la Ciudad de Buenos Aires”, elaborado por el Gobierno porteño, en el 57% de los hechos mortales analizados estuvo presente el exceso de velocidad, mientras que la violación del semáforo en rojo se registró en el 35% de los casos.
En San Isidro, en cambio, sólo 35 dispositivos (equivalentes al 13% del total) están destinados a fiscalizar la velocidad, pese a tratarse de una de las conductas más estrechamente vinculadas a los siniestros fatales.