El Gobierno de Milei buscará este jueves 26 de febrero convertir en ley el nuevo Régimen Penal Juvenil, luego de haber obtenido media sanción en la Cámara de Diputados el 12 de febrero. El eje central del proyecto es la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y la posibilidad de establecer penas de hasta 15 años para menores.
La iniciativa fue aprobada en general en Diputados con 149 votos afirmativos y 100 negativos, sin abstenciones. El oficialismo impulsó una sesión especial en el marco de las extraordinarias y cerró una redacción final contrarreloj, mientras negociaba apoyos hasta último momento. Ahora se apura a tres días de finalizar el período de sesiones extraordinarias para que el Senado en 48 horas no solo apruebe este proyecto, sino también modificar la Ley de Glaciares y pasar la Reforma Laboral (viernes).
En Diputados, el bloque de La Libertad Avanza aportó 94 votos y contó con 11 diputados del PRO. También sumó 6 de la UCR y representantes de Provincias Unidas, entre ellos Martín Lousteau, así como otros dirigentes que se identifican como progresistas, como el santafesino Esteban Paulón.
Durante el debate pasado, Myriam Bregman y Nicolás del Caño cuestionaron con dureza la iniciativa. Ambos señalaron que no existe evidencia de un aumento sostenido de delitos cometidos por menores que justifique la reforma y advirtieron que en países donde se redujo la edad de imputabilidad no se registró una disminución del delito, sino en algunos casos un incremento.
Especialistas coinciden en que el encarcelamiento temprano no reduce la violencia: la multiplica. Lejos de reinsertar, empuja a los jóvenes a redes delictivas donde adultos, con complicidades políticas, judiciales y policiales, se benefician a costa de ellos como mano de obra barata para el crimen organizado.
Intervención de Nicolás del Caño
Intervención Myriam Bregman
Aunque el oficialismo presenta el proyecto como parte de una política de “lucha contra el delito”, la discusión no es nueva: desde 2024 el Gobierno desplegó una cruzada mediática para presentar la baja de la edad de imputabilidad como una solución mágica frente al delito. Hoy, vuelve a escena en estas sesiones extraordinarias. Pero lejos de atacar las causas estructurales de la violencia, la propuesta apunta contra los sectores más vulnerables y consolida una política que castiga la pobreza en lugar de combatirla. Por eso, es necesario rechazar este proyecto como un intento de retroceso histórico en derechos de las infancias y adolescencias.
En el temario de la sesión también figura la modificación de la Ley de Glaciares, otra iniciativa que genera fuertes cuestionamientos por su impacto ambiental y por los intereses económicos en juego, ya que su objetivo es habilitar la megaminería donde hoy está prohibida para proteger reservas estratégicas de agua dulce.
Frente al avance reaccionario del Gobierno nacional y sus aliados (incluidos varios gobernadores y legisladores peronistas) que desde el Congreso impulsan un paquete de medidas para profundizar la explotación laboral, aumentar el saqueo de bienes naturales mediante el extractivismo y endurecer la persecución sobre niñas, niños y adolescentes, distintos sectores convocan a movilizarse este viernes.
Mientras la CGT decidió hacer ninguna acción el día que se vota la Reforma Laboral en el Senado, espacios combativos del movimiento obrero, estudiantil, organismos de derechos humanos y la izquierda convocan a una jornada de protestas comenzando a las 7 de la mañana en el Obelisco y a las 12 frente al Congreso, donde buscarán confluir con otros gremios que convocan a movilizar contra la Reforma Laboral. Es necesario que la unidad de las luchas en curso, y todos los sectores que se oponen al avance de estas leyes, coordinen para continuar la pelea y desarrollar un plan de lucha que organice la resistencia desde ahora.