En un nuevo capítulo del proceso judicial que lleva adelante la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron una solicitud formal ante el Tribunal Oral Federal 2. El pedido apunta específicamente a que se prohíba a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner asomarse al balcón de su domicilio, ubicado en la calle San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires.
Fundamentos de la solicitud fiscal
Según informaron fuentes judiciales, la petición de los representantes del Ministerio Público Fiscal se basa en argumentar que el contacto visual o la comunicación con personas que se congreguen en la vía pública podría interpretarse como un incumplimiento de las condiciones de su prisión domiciliaria. Este régimen, al que accedió la exmandataria, implica restricciones específicas para evitar cualquier acción que pueda ser considerada como un intento de obstrucción a la justicia o de influencia sobre testigos.
La amenaza sobre el régimen de detención
El núcleo de la advertencia fiscal reside en la posibilidad concreta de solicitar la revocación de la prisión domiciliaria. Luciani y Mola sostienen que cualquier gesto público desde el balcón podría configurar un quebrantamiento de las reglas impuestas por el tribunal, lo que abriría la puerta a un pedido de modificación de su situación procesal. La expresidenta se encuentra bajo este régimen desde la confirmación de su condena en diciembre de 2022.
Contexto de la causa y próximos pasos
La causa Vialidad, en la que Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, continúa su curso con diversas presentaciones y apelaciones. La solicitud de los fiscales será ahora analizada por los jueces del TOF 2, Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, quienes deberán decidir si acogen el pedido o lo rechazan.
Esta no es la primera vez que se discuten aspectos protocolares del encierro domiciliario de la exmandataria. Anteriormente, se han establecido pautas sobre visitas y comunicaciones, en el marco de un estricto control por parte de la autoridad de aplicación. La defensa de la expresidenta, liderada por el abogado Carlos Beraldi, aún no se ha expedido oficialmente sobre este nuevo requerimiento fiscal, aunque se espera que presente sus argumentos de oposición en los plazos establecidos.