El Gobierno nacional formalizó este jueves la presentación en el Congreso de un extenso proyecto de ley que propone la derogación de más de setenta normas vigentes. Denominado «Ley Hojarasca», el texto fue remitido a la Cámara de Diputados para iniciar su debate parlamentario.
El objetivo: simplificar el ordenamiento jurídico
Según los fundamentos enviados por el Poder Ejecutivo, el propósito central de la iniciativa es «depurar» el marco legal nacional, eliminando regulaciones que han perdido toda utilidad práctica. El proyecto clasifica las normas a eliminar en varias categorías específicas.
Criterios para la derogación
Entre los motivos esgrimidos para la eliminación, se encuentran leyes consideradas obsoletas debido al avance tecnológico o económico, aquellas que afectan libertades individuales, y normas que han sido absorbidas por legislaciones posteriores más completas. También se incluyen regulaciones que remiten a procesos administrativos ya inexistentes o a organismos públicos disueltos.
«Existe una cantidad significativa de leyes que, aunque figuran como vigentes, carecen de aplicación concreta en la actualidad. Algunas nunca la tuvieron», sostuvo el Gobierno en los argumentos del proyecto. La postura oficial añade que la acumulación de estas normas genera una «burocracia innecesaria» que complica la gestión estatal y la vida de los ciudadanos.
Una ley de 1951 en la mira
Entre las normas más destacadas que el proyecto propone derogar se encuentra la Ley 14.034, sancionada en 1951. Esta legislación establecía penas de prisión para quienes propiciaran «sanciones políticas o económicas» contra el Estado argentino.
Al respecto, el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de la iniciativa, emitió un comunicado explicando su postura. «Esta ley, en la práctica, podría interpretarse como un obstáculo para la defensa de los derechos de los argentinos en foros internacionales», afirmó la cartera.
El camino legislativo por delante
Con su ingreso a la Cámara de Diputados, la «Ley Hojarasca» inicia ahora su trámite parlamentario. Deberá obtener dictamen de comisión y luego ser debatida en el recinto, antes de pasar a la Cámara de Senadores para su revisión y eventual sanción. El debate promete analizar no solo la conveniencia de cada derogación específica, sino también el principio general de simplificación normativa que impulsa el Ejecutivo.