En un contexto de presión por el valor internacional del crudo, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía implementó un ajuste regulatorio que otorga mayor margen a las empresas refinadoras. La Resolución 79/2026 eleva el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas hasta un 5,6%, lo que habilita técnicamente la incorporación de hasta un 15% de bioetanol en la mezcla, si así lo decide cada compañía.
Una herramienta para moderar costos
La modificación tiene como objetivo explícito dotar de flexibilidad a la industria para enfrentar escenarios de volatilidad en los precios del petróleo. Al permitir una mayor proporción de bioetanol de manera voluntaria, las empresas podrían reducir la participación del componente fósil en la fórmula final, lo que, en teoría, ayudaría a morigerar el traslado de eventuales subas del crudo al precio en bomba.
¿Qué cambia en la práctica?
La resolución no introduce nuevas obligaciones ni modifica el porcentaje de corte de bioetanol que ya es mandatorio. Su efecto principal es remover una restricción técnica que limitaba la posibilidad de incrementar la participación de este biocombustible. El contenido de oxígeno en las naftas está directamente vinculado al porcentaje de bioetanol, por lo que actualizar ese parámetro era necesario para habilitar mezclas superiores sin afectar los estándares de calidad.
La decisión de utilizar esta mayor capacidad queda sujeta a la conveniencia de cada refinadora. Desde la Secretaría de Energía se aclaró que no se espera una baja automática o inmediata en los precios, sino que la medida es una alternativa operativa más dentro del esquema de producción.
Alcance limitado a las naftas
La adecuación regulatoria se concentra exclusivamente en las naftas. En el caso del gasoil, la normativa vigente ya contempla mezclas con biodiesel de hasta un 20%, por lo que no se consideró necesario realizar una modificación equivalente. Esto marca un enfoque puntual para atender una restricción técnica específica del mercado de naftas.
El marco regulatorio
Las autoridades energéticas enmarcaron la medida dentro de una política de «reglas claras y adecuaciones puntuales» para promover un funcionamiento más eficiente del mercado. El mensaje oficial subraya que no se trata de una reforma amplia del sector, sino de una flexibilización técnica destinada a mejorar la capacidad de respuesta de las empresas frente a la coyuntura internacional, con el fin último de proteger al consumidor.