El Ministerio Público Fiscal de Salta inició una investigación tras una denuncia por la presunta falsificación de una firma en un permiso para realizar un evento en una zona protegida. El caso se desencadenó luego de que se viralizaran imágenes de una fastuosa boda celebrada en el corazón de la Quebrada de las Conchas, un área natural bajo protección provincial.
Un escenario natural único bajo la lupa
La Quebrada de las Conchas, ubicada en el sur de la provincia de Salta, es una formación geológica de imponente belleza que se extiende a lo largo de la Ruta Nacional 68, camino a Cafayate. Declarada reserva natural en 1995, abarca aproximadamente 25.000 hectáreas y su paisaje, tallado por millones de años de erosión, presenta formaciones rocosas de colores rojizos, grises y ocres, con estructuras emblemáticas como El Anfiteatro y La Garganta del Diablo.
La denuncia de las autoridades
El ministro de Turismo y Ambiente de Salta, Alejandro Aldazábal, presentó una denuncia ante la Justicia al detectar irregularidades en la autorización del evento. Según la cartera, la firma en el permiso habría sido adulterada, por lo que la celebración no contaba con la habilitación correspondiente del organismo ambiental. La municipalidad de Cafayate había advertido previamente que el uso de luces y sonido de alta potencia en el paraje La Punilla podría afectar el comportamiento de la fauna autóctona y acelerar procesos de erosión.
La versión de los organizadores
Frente a las acusaciones, una de las organizadoras del evento, identificada como Lucía Grajales Soriano, defendió la legalidad de la celebración. En declaraciones a Radio Cafayate, afirmó que la boda se realizó en una propiedad privada dentro de la reserva, respetando todas las normativas. «Había abogados y un juez de la Corte Suprema. Fueron 110 invitados», aseguró, destacando que su familia es propietaria del terreno desde 1965.
Los detalles de la celebración
La boda, denominada «Cafayate Fantasy», se extendió por varios días e incluyó a más de un centenar de invitados. Según información difundida en un sitio web creado para el evento, la ceremonia principal se llevó a cabo en una «ubicación secreta» a la que solo se accedía mediante transporte contratado. En las imágenes circuladas en redes sociales se observa una compleja logística con mobiliario, iluminación especial y servicio de DJ, instalados en pleno paisaje natural.
El alcance de la investigación
La fiscal Sandra Rojas está a cargo de la investigación, que busca determinar la existencia de los delitos de falsificación de instrumento público y de posibles maniobras ilegales para habilitar el evento. La legislación provincial que rige las áreas protegidas prohíbe expresamente actividades que puedan degradar el paisaje, afectar la flora y la fauna, o dañar el patrimonio geológico del lugar.
El caso pone en evidencia la tensión entre el uso privado de propiedades enclavadas en reservas naturales y la estricta normativa de conservación que las protege, abriendo un debate sobre los límites y controles necesarios para preservar estos frágiles ecosistemas.