En Argentina, el derecho a una muerte digna, consagrado por la Ley 26.742 desde 2012, enfrenta un escenario paradójico. Mientras estudios académicos y encuestas reflejan un consenso social mayoritario a favor de que las personas puedan decidir sobre el final de su vida, la aplicación concreta de la normativa y el avance legislativo hacia la eutanasia encuentran persistentes obstáculos.
Una ley vigente, pero de cumplimiento irregular
La legislación actual permite a pacientes con enfermedades terminales o incurables rechazar procedimientos que prolonguen artificialmente la agonía, como la alimentación o hidratación por vías no naturales. Sin embargo, desde el ámbito de la bioética, especialistas como el médico Carlos Soriano advierten que su implementación es errática. «Recibo consultas semanales sobre muerte digna. El problema central es la falta de información, tanto en la población como en el sistema de salud», explicó el emergentólogo.
Soriano destacó que, en la práctica, las situaciones familiares y médicas suelen derivar en dilaciones que extienden el sufrimiento del paciente. «Esa espera, en una persona con una enfermedad insoportable, pueden ser años», afirmó, subrayando que el eje del debate reside en la autonomía individual para definir qué es una muerte digna.
El estancamiento político frente al consenso social
El amplio respaldo ciudadano no se ha traducido en avances legislativos concretos. La exdiputada nacional Mara Brawer, autora de un proyecto de ley de Muerte Voluntaria Médicamente Asistida, describió una «imposibilidad política» para que el tema ingrese en la agenda parlamentaria con fuerza. «En el Congreso nadie se oponía abiertamente, pero sentí la resistencia implícita. Son debates complejos que suelen ser desplazados por otras prioridades», señaló.
Brawer trabajó su iniciativa junto a investigadores del CONICET, evidenciando el respaldo desde la academia. No obstante, los proyectos que buscan legalizar la eutanasia activa –donde un profesional de la salud interviene para provocar la muerte bajo condiciones controladas– permanecen archivados. Un caso emblemático fue el impulsado en Córdoba, conocido como «Ley Alfonso», que expuso los límites del marco legal vigente.
Un debate cultural pendiente
Más allá de los aspectos médicos y legales, tanto Brawer como Soriano coinciden en que se trata de una discusión cultural pendiente. Hablar abiertamente sobre la muerte y el derecho a decidir su curso final sigue siendo un tabú que dificulta la conversación pública y la toma de decisiones.
La creciente visibilidad de casos concretos de sufrimiento extremo parece impulsar lentamente la reflexión social. Sin embargo, la pregunta central persiste: si existe una ley y un consenso mayoritario, ¿por qué se sigue postergando el derecho a una muerte sin agonía prolongada? La respuesta, por ahora, sigue anclada en la distancia entre la norma, la práctica cotidiana en hospitales y la voluntad política.