La Justicia investiga un caso de trata de personas con fines de explotación sexual a través de redes sociales. El acusado, de 30 años, habría captado jóvenes con falsas promesas de exclusividad para el mercado extranjero.
Una investigación del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Rosario, con colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), derivó en la detención y prisión preventiva de un hombre de 30 años, identificado como G.G.N. y oriundo de Rosario.
El imputado está acusado de haber desarrollado un sistema de explotación sexual de mujeres a través de plataformas digitales. Según la fiscalía, captaba jóvenes, en su mayoría de 18 o 19 años y sin experiencia laboral, a través de un perfil de Instagram denominado «Argentina Casting» o «AC». Las convencía de participar en encuentros sexuales filmados, prometiéndoles que el material sería distribuido y monetizado exclusivamente en el exterior.
Sin embargo, la investigación constató que la supuesta exclusividad era falsa. Los videos eran comercializados en una plataforma de acceso libre y global, sin restricción territorial, lo que permitía su visualización también en Argentina, sin el consentimiento de las mujeres.
La investigación se inició el 5 de marzo de 2025 a partir de una denuncia anónima recibida en la Línea 145 del Ministerio de Justicia. El acusado ya había sido imputado en julio del año pasado por tres casos similares, pero, al estar en libertad bajo fianza, habría continuado con la actividad, cambiando de perfiles en redes sociales. Esto llevó a identificar a cinco nuevas víctimas.
El fiscal general de la Unidad Rosario, Javier Arzubi Calvo, solicitó la ampliación de la investigación y la prisión preventiva, pedidos que fueron aprobados por el juez de Garantías Carlos Vera Barros por un plazo de 90 días. G.G.N. quedó formalmente imputado por ocho hechos de trata de personas con fines de explotación, agravados, y un hecho de promoción y facilitación de la prostitución ajena. Las penas previstas para estos delitos van de 8 a 12 años de prisión.
Según declaraciones de las víctimas en Cámara Gesell, el hecho de que los videos se viralizaran en diversas plataformas, llegando incluso a sus entornos familiares, les generó situaciones de angustia y afectaciones en su salud psicológica.