La operación inmobiliaria del Jefe de Gabinete, que incluyó un crédito por el 87% del valor, es analizada en una causa por enriquecimiento ilícito. Una de las prestamistas declaró no conocer a Adorni.
El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, está siendo investigado en una causa por enriquecimiento ilícito que tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo. El foco está puesto en la compra de un departamento en el barrio de Caballito por US$ 230.000, operación que no figura en su última declaración jurada.
Según la investigación, la compra se habría concretado el 18 de noviembre de 2025 mediante un préstamo hipotecario no bancario. Las acreedoras serían las mismas vendedoras del inmueble: Beatriz Viegas, una jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo. Ambas habían adquirido la propiedad apenas seis meses antes, en mayo de ese año.
Fuentes del sector inmobiliario explicaron a este medio que este tipo de operatoria, donde un inversor coloca su dinero en una hipoteca con el inmueble como garantía, existe en el mercado. Sin embargo, destacaron ciertos aspectos que, en este caso, generan interrogantes.
En primer lugar, especialistas señalaron que es prácticamente imposible que las partes involucradas en un préstamo de estas características no se conozcan. «En el momento de firmar la escritura y la hipoteca deben estar presentes tanto el tomador del crédito como quien aporta el dinero», explicó una fuente del sector. No obstante, en contacto con el diario La Nación, Beatriz Viegas negó haber realizado un préstamo a Adorni y afirmó no conocerlo. Claudia Sbabo no se pronunció.
Otro punto destacado por los expertos es que estos créditos no suelen superar el 40% o 50% del valor de la propiedad, ya que la garantía para el inversor es el inmueble mismo. En la operación de Adorni, el préstamo habría cubierto el 87% del valor (US$ 200.000 de los US$ 230.000 totales), un porcentaje considerado inusual.
En el marco de la investigación, el fiscal federal Gerardo Pollicita citó a declarar como testigo a la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación. La profesional, obligada a decir la verdad, declarará el próximo miércoles 8 de abril. La misma escribana también participó en la compra de una propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, a nombre de la esposa del funcionario.
La causa, donde la fiscalía investiga un posible delito de enriquecimiento ilícito, avanza mientras se analizan los detalles de una operatoria que, según los registros, no fue declarada por el Jefe de Gabinete.