El gobernador Ron DeSantis promulgó una ley que vincula el estatus migratorio en las licencias con el registro de votantes, un cambio que se aplicará de forma progresiva.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó este 1° de abril la ley HB 991, que refuerza la verificación del estatus de ciudadanía en las licencias de conducir. La medida, que entrará en vigor plenamente el 1° de enero de 2027, busca apuntalar el sistema electoral del estado.
Los residentes no deberán tramitar un nuevo documento de inmediato, ya que el cambio se aplicará de forma progresiva en cada renovación. Según el análisis legislativo del proyecto, el Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (DHSMV) emitirá sin costo una identificación de reemplazo si el titular actualiza su estatus legal al convertirse en ciudadano de EE.UU. Esta disposición asegura que la base de datos estatal esté sincronizada con el registro de votantes.
“Salvaguardar el proceso electoral para mejorar la supervisión y prevenir la influencia ilícita ha sido una prioridad absoluta para mi administración”, dijo DeSantis tras realizar la firma. “Esta legislación fortalece la seguridad, la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral de Florida”, remarcó.
La ley HB 991 agrega modificaciones en el Código Electoral de Florida y utilizará la licencia de conducir como uno de los mecanismos de verificación de elegibilidad. La intención es que la ficha refleje quién tiene derecho a sufragar y quién no.
Para los conductores actuales que ya renovaron su documento, no existe una obligación de acudir a las oficinas antes de la fecha de vencimiento de su licencia. El cambio aparecerá automáticamente en la próxima renovación programada. Sin embargo, para quienes obtengan la ciudadanía estadounidense durante la vigencia de su carnet, el estado garantiza un reemplazo gratuito para reflejar su nuevo estatus legal.
La legislación también establece un plazo de prescripción de cinco años para delitos graves relacionados con el Código Electoral y endurece las sanciones para extranjeros que intenten participar en comicios estatales. Además, los candidatos a cargos públicos ahora deberán revelar si poseen doble ciudadanía y declarar sus intenciones de negociar acciones en la bolsa si resultan electos.