Iris Contreras, una mujer mexicana residente en San Diego, fue detenida por ICE pese a contar con una visa U aprobada y tener tres hijos ciudadanos estadounidenses. Su caso plantea interrogantes sobre los procedimientos migratorios.
Iris Contreras, una mexicana que vive desde hace 30 años en San Diego, fue arrestada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente a su vivienda en City Heights. El operativo ocurrió el 23 de febrero, pese a que Contreras cuenta con una visa U aprobada, según su testimonio.
En una entrevista con CNN en Español, Contreras relató que la mañana de su detención estaba dentro de su auto realizando trámites relacionados con el cuidado de uno de sus hijos. La mujer es madre de tres hijos, todos nacidos en Estados Unidos: dos hijas de 21 y 15 años, y un hijo de 27 con necesidades especiales.
«Para cuando me iba a bajar, llegaron y me pidieron mis documentos. Yo les dije: ‘Tengo permiso de trabajo. No lo tengo conmigo, está adentro de mi casa’. Les dije: ‘Tengo visa U aprobada'», según contó Contreras. «A ellos no les importó nada y me llevaron», afirmó.
La escena fue presenciada por su hija menor, quien intentó mostrar documentos mientras una vecina grababa lo ocurrido. Contreras fue llevada al centro de detención de Otay Mesa, donde permaneció alrededor de una semana y media. Más tarde, obtuvo su salida bajo fianza, aunque su expediente migratorio sigue abierto ante un juez.
Su abogado, César Luna, sostiene que la detención no correspondía por la situación migratoria de su clienta. Remarcó que Contreras no registra antecedentes penales y que participa en actividades comunitarias en San Diego. «El servicio de inmigración carece de las armas legales necesarias para deportar a estas personas», aseguró Luna.
De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), la visa U es un estatus migratorio creado para personas que fueron víctimas de determinados delitos y colaboraron con las autoridades. En el caso de Contreras, su abogado explicó que la solicitud fue iniciada en 2018 luego de un episodio de violencia doméstica.
En cambio, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) mantiene que Contreras es una inmigrante irregular y que será sometida al debido proceso.
Tras salir del centro de detención, a Contreras se le colocó un grillete electrónico en el tobillo, una condición que, según relató, modificó su vida cotidiana. La familia también comenzó terapia para afrontar lo ocurrido.
En los próximos meses, Contreras deberá presentarse nuevamente ante la justicia migratoria, donde se definirá si puede mantener su estatus migratorio o acceder a protección permanente.