A través de la Procuración del Tesoro, se presentaron recursos ante la Corte Suprema para destrabar la aplicación de la reforma laboral y definir el origen de los fondos para la ley universitaria, en un contexto de ajuste fiscal.
El Gobierno nacional, a través de la Procuración del Tesoro (PTN), activó dos presentaciones judiciales de relevancia. Por un lado, planteó un recurso de «per saltum» ante la Corte Suprema de Justicia para que se pronuncie sobre la suspensión de más de 80 artículos de la reforma laboral, actualmente frenados en un juzgado nacional. Por otro, presentó un recurso extraordinario federal para que el Máximo Tribunal defina de dónde deben salir los recursos para acatar la Ley de Financiamiento Universitario, cuyo plazo de cumplimiento venció este viernes.
Desde el oficialismo se señaló que se esperará la definición judicial para ejecutar o no la ley universitaria, y se sostendrá el superávit fiscal, lo que podría derivar en más ajustes. El proyecto del Gobierno para la Educación Superior aún aguarda tratamiento en el Congreso.
Las presentaciones judiciales fueron impulsadas por el asesor Santiago Caputo, en coordinación con el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzábal. Estas acciones ocurren mientras el Poder Ejecutivo remitió pliegos para cubrir vacantes en juzgados federales y nacionales.
El juez Raúl Ojeda, a cargo del caso de la reforma laboral, cuestionó la falta de matrícula profesional de Amerio, argumento que fue rebatido desde la PTN. Desde el Gobierno se entiende que el magistrado podría incurrir en prevaricato al no elevar la causa y que hay cerca de 30 demandas similares en el país, por lo que un fallo favorable de la Corte sería clave.