El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, impulsa cambios en la ley de semillas y la adhesión al convenio UPOV 91 para fortalecer la propiedad intelectual y atraer inversiones al agro.
El debate por una nueva ley de semillas y la eventual adhesión de Argentina al convenio internacional UPOV 91 volvió a tomar impulso tras las declaraciones del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En el programa Economistas de la TV Pública, junto al exCEO de Syngenta y exfuncionario Antonio Aracre, Sturzenegger detalló la postura del Gobierno.
Según el ministro, se busca reforzar la protección de la propiedad intelectual en semillas, habilitar nuevos esquemas de control con mayor protagonismo privado y generar condiciones para atraer inversión tecnológica al agro. Además, anticipó que un proyecto de ley de tierras rurales para liberar la compra por extranjeros podría habilitar el ingreso de hasta US$ 15.000 millones en proyectos productivos e infraestructura.
Durante la entrevista, Aracre señaló que en Argentina se siembran casi 20 millones de hectáreas de soja y entre 6 y 7 millones de trigo, y que gran parte de esa producción involucra investigación genética que no se remunera, a diferencia de Brasil o Estados Unidos. Sturzenegger ejemplificó con el algodón: en Chaco se producen 600 kilos por hectárea, mientras que en una zona similar de Brasil el rendimiento alcanza los 1400 kilos. Atribuyó la diferencia a la falta de respeto a la propiedad intelectual, que desalienta la introducción de semillas de mayor rendimiento.
El esquema propuesto mantiene la posibilidad de que los productores continúen con sus prácticas actuales, incluido el uso propio de semillas, pero establece un sistema para capturar valor cuando se adopte genética superior. Una de las novedades más sensibles es la transferencia de la fiscalización al sector privado. “El sector público no tiene capacidad para auditar esto”, afirmó Sturzenegger, sugiriendo un cambio de paradigma en el control del cumplimiento.
Consultado sobre si se requiere una nueva ley, el ministro indicó que es factible sin cambio de ley, ya que la realidad ya obliga a la remuneración, pero que el Estado no tenía cómo fiscalizar. Estimó que esto podría aportar unos US$ 4.000 millones a la producción y atraer inversiones.
El trasfondo de esta discusión remite a un conflicto de larga data entre el Gobierno, las empresas desarrolladoras de biotecnología y los productores agropecuarios. Mientras el Gobierno busca alinearse con estándares internacionales tras el acuerdo con Estados Unidos, una parte del sector productivo defiende el derecho al uso propio y advierte sobre el impacto en los costos. La Mesa de Enlace presentó una propuesta que busca equilibrar la propiedad intelectual con el uso propio, permitiendo guardar semilla adquirida legalmente con una retribución acordada por hasta tres multiplicaciones, un umbral de hasta 500 hectáreas con uso propio gratuito durante tres campañas y un sistema incremental.