Un fallo judicial en Tierra del Fuego ordenó cancelar la inscripción de LeoLabs Argentina SRL, firma de capitales británicos que instaló un radar en Tolhuin, por falta de permisos vigentes y preocupaciones de seguridad nacional.
La Justicia de Tierra del Fuego dictó un fallo que ordena cancelar la inscripción de LeoLabs Argentina SRL, una empresa de capitales británicos que había instalado un radar en la localidad de Tolhuin. La demanda fue presentada por la Inspección General de Justicia (IGJ) provincial, que cuestionó la continuidad de la firma luego de que el Gobierno nacional dejara sin efecto, en 2023, la autorización para operar el radar.
En ese momento, distintos organismos oficiales señalaron dudas sobre el alcance del proyecto y su impacto estratégico. La decisión quedará firme la próxima semana si no se presentan apelaciones. El radar está ubicado en el continente argentino, a unos 700 kilómetros de las Islas Malvinas, una de las zonas más sensibles del Atlántico Sur.
El proyecto fue aprobado durante la gestión de Alberto Fernández y fue presentado como un sistema para monitorear basura espacial. Sin embargo, desde su instalación generó polémica por su potencial uso civil y militar, su ubicación estratégica y sus vínculos internacionales con el gobierno británico. El debate también involucra cómo controlar la infraestructura tecnológica extranjera en áreas sensibles.
La medida fue tomada por el juez de primera instancia Gustavo González. En declaraciones a una radio local, el magistrado explicó que la IGJ solicitaba la “disolución y liquidación” de la sociedad y el tribunal fue más allá tras analizar informes del Ministerio de Defensa y de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que advertían sobre la capacidad dual y militar del radar. Con esos datos, el juez resolvió dejar sin efecto su inscripción en la provincia. En los hechos, esto implica que la firma no cuenta con respaldo legal para continuar con sus actividades bajo esa estructura.
Esta decisión judicial responde a la acción iniciada en septiembre de 2024 por la IGJ, que consideró que si la empresa no contaba con permisos nacionales ni provinciales para operar por razones de seguridad nacional, su existencia como sociedad comercial perdía toda razón de ser según la Ley Nacional de Sociedades. González aclaró que el fallo por sí solo no ordena la demolición del radar y las antenas, aunque al dejar sin personería a la empresa, el aparato queda sin respaldo legal y se habilita el camino para su retiro o desarme. Esa acción de desmantelamiento ya tiene otra causa que tramitó la municipalidad de Tolhuin ante el Superior Tribunal de Justicia provincial.
Según información brindada por la empresa y el Ejecutivo provincial, el radar está inactivo. El juez recordó que existe una medida cautelar de no innovar, y que cualquier operación del radar implicaría un incumplimiento judicial grave que debería ser denunciado. La medida judicial incluye una exhortación a la IGJ para que, a futuro, extreme los controles previamente a la instalación de determinadas empresas. “No es lo mismo una SRL que quiere fabricar zapatos que una empresa que quiere instalar un radar”, sentenció el juez González.