El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos inició un proceso de control sobre beneficios migratorios concedidos durante el gobierno de Joe Biden, por orden de la administración de Donald Trump.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) puso en marcha un procedimiento de revisión sobre beneficios migratorios otorgados entre 2021 y 2025. La medida alcanza a personas que obtuvieron la green card durante el gobierno de Joe Biden y se realiza por orden del gobierno de Donald Trump, que dispuso reabrir expedientes para verificar si los solicitantes cumplían con los requisitos al momento de la aprobación.
El enfoque incluye la detección de posibles inconsistencias en la información presentada. “Estamos revisando nuevamente los casos de personas que recibieron beneficios migratorios durante la administración Biden, cuando no había ninguna revisión. Ahora sí hay revisión, así que prepárense para enfrentar las consecuencias”, publicó el USCIS en X.
Se estima que millones de personas que accedieron a la residencia permanente en ese período podrían ser alcanzadas. Los casos bajo análisis incluyen solicitudes aprobadas entre 2021 y 2024, con un volumen cercano a 4,3 millones, según datos del Migrant Policy Institute.
La normativa vigente establece que la agencia puede iniciar un proceso de anulación dentro de los primeros cinco años posteriores a que se otorgó la residencia si se detecta que el solicitante no cumplía con los criterios legales. Además, la legislación permite la revocación en cualquier momento si se comprueba fraude, comisión de delitos o abandono del estatus migratorio.
Entre los factores que se investigan se encuentran: inconsistencias en la documentación, cambios en el estado civil o familiar, y la situación económica de los beneficiarios. Las autoridades analizan si el titular de la green card puede sostenerse sin depender de asistencia pública.
El director del organismo, Joseph Edlow, señaló que el proceso apunta a detectar irregularidades en expedientes aprobados en años recientes. “Si ya cometieron fraude y creen que se han salido con la suya, vamos a revisar sus casos”, dijo durante una entrevista con One America News.
La revisión no implica la pérdida automática de la residencia. El proceso incluye varias etapas antes de cualquier decisión final. En los casos donde se detectan posibles irregularidades, el beneficiario recibe una notificación formal y tiene la posibilidad de presentar su defensa. La mayoría de los expedientes se derivan a procedimientos de remoción ante un juez de inmigración, quien determina si corresponde la anulación del estatus.
“Si la rescisión es por una razón de fraude, el gobierno tiene que probar ante un juez de inmigración la razón y determinar si se ha cometido fraude o no”, explicó Haim Vásquez, abogado de inmigración, a Univision. “Si hay fraude, entonces no hay forma de defender la decisión del gobierno y el inmigrante enfrenta un proceso de deportación”, agregó.