El índice de actividad del mercado inmobiliario rural (InCAIR) bajó a 40,82 puntos en marzo, con una disminución de 1,73 puntos respecto a febrero y 8,41 puntos frente a fines de 2025. La Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) atribuye el comportamiento a la escasa oferta de campos, la cautela de los inversores y las expectativas sobre el rumbo político y económico.
El índice de actividad del mercado inmobiliario rural (InCAIR), elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), se ubicó en marzo en 40,82 puntos, lo que representa una caída de 1,73 puntos respecto de febrero y de 8,41 puntos en comparación con el cierre de 2025. Según la entidad, este descenso refleja un menor dinamismo en el inicio del año, impulsado por una oferta limitada de campos, la incertidumbre política y económica, y la cautela de los inversores.
En diálogo con LA NACION, el presidente de la CAIR, Lucas Palma, explicó que “la compra de tierra no es más ni menos que una inversión y por eso siempre está sujeta a algún vaivén político o alguna pequeña nube en la política”. Además, señaló que “hay poca oferta de campos agrícolas, en consecuencia hay pocas operaciones y el índice baja por la menor cantidad de operaciones”.
Palma también mencionó que la oferta limitada está vinculada tanto al clima político como a las expectativas de precios. “Si llegan a sacar las retenciones, los valores de los campos van a ser de mayor valor que el actual. Entonces, quien puede, no lo vende”, afirmó. En ese contexto, predominan las ventas asociadas a sucesiones familiares, mientras que la renta agrícola y ganadera se mantiene en niveles favorables.
El dirigente describió un mercado “firme, sostenido”, aunque con diferencias entre segmentos. “El campo ganadero está retrasado, pero como es una inversión a largo plazo necesita mayor tiempo de seguridad política”, explicó. Consideró que podría ganar interés si se consolida el actual rumbo económico y que “a medida que el Gobierno consolide su reelección, los índices van a ir aumentando en volumen de operaciones y en valores”.
En cuanto a los inversores, remarcó: “Lo que el inversor no quiere es incertidumbre política. No quiere invertir hoy para volver al pasado”. Bajo ese escenario, anticipó que la actividad continuará, aunque con menor volumen.
Palma también apuntó a factores estructurales que limitan la expansión del negocio ganadero, como la carga impositiva sobre la venta de vientres, que grava con el 35% la operación. “Si un productor quiere aprovechar el buen valor de la hacienda para expandirse en tierra, se encuentra que va a perder el 35% de su capital. Nos encantaría que el Gobierno revea esta situación porque dinamizaría mucho el mercado”, sostuvo.
En paralelo, el contexto internacional, con subas en insumos como combustibles y fertilizantes, también incidió en las decisiones. El Gobierno avanza con cambios en la ley de tierras rurales que podrían flexibilizar los límites a la propiedad extranjera, con el objetivo de atraer inversiones, lo que abre un nuevo foco de atención en el mercado.
La comparación con países de la región marca diferencias: en Brasil se construye la planta de celulosa más grande del mundo, con una inversión estimada de US$ 4500 millones; Uruguay avanza con su cuarta planta papelera, por más de US$ 4000 millones; y Paraguay tiene proyectos por alrededor de US$ 2000 millones en el sector forestal. Argentina recién comienza a mostrar señales con un proyecto de US$ 2000 millones para una planta de celulosa en Corrientes, a cargo de Arpulp SA.