La ONG confirmó que alquiló las instalaciones del centro de salud para realizar interrupciones legales del embarazo, en el marco de una causa judicial que investiga el hallazgo de ocho fetos.
La Fundación Cígesar, una organización no gubernamental dedicada a la salud sexual y (no) reproductiva, reconoció haber intervenido en los procedimientos realizados en la Clínica Santa María de Villa Ballester, en el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires. La causa judicial se originó tras el hallazgo de ocho fetos en un depósito de residuos del centro de salud durante un allanamiento.
El caso comenzó a partir de una denuncia por abuso sexual contra una menor en Santiago del Estero. La Justicia localizó a la niña y a su madre en la clínica, donde se realizó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) con aval judicial. La Fundación Cígesar explicó que alquiló la infraestructura del establecimiento —quirófano e internación— y que los procedimientos fueron realizados por su propio personal médico.
Según fuentes sanitarias, la intervención de la ONG comenzó tres o cuatro semanas antes del allanamiento. La madre de la menor, de menos de 13 años, se acercó a la fundación tras notar cambios en el cuerpo de su hija y la posibilidad de un embarazo. Tras confirmarse una gestación avanzada, se decidió la ILE, dado que superaba el límite de 14 semanas para una interrupción voluntaria.
La fundación trasladó a la niña y a su madre a Buenos Aires para el procedimiento. Luego, ambas regresaron a Santiago del Estero, donde continúa la investigación por la violación. Además de este caso, en la clínica se habrían realizado otros siete procedimientos de ILE, cada uno con su respectivo aval judicial, según fuentes de la ONG.
La Fundación Cígesar emitió un comunicado en el que afirmó que todas las prácticas se realizaron dentro del marco legal vigente y con las autorizaciones correspondientes. También señaló que, en el procedimiento que originó la investigación, intervinieron autoridades para resguardar material genético necesario para la causa.
Ahora, la Justicia deberá determinar mediante estudios de ADN cuál de los fetos corresponde al embarazo de la menor y establecer la trazabilidad de cada procedimiento.