El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos actualizó los requisitos para los trámites de asilo, incluyendo el pago de una tarifa anual y sanciones automáticas por incumplimiento.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) implementará un esquema actualizado para los trámites de asilo, que introduce pagos obligatorios y medidas automáticas ante incumplimientos. La disposición, basada en la Ley de Reconciliación H.R.1 aprobada en 2025, entrará en vigencia el 29 de mayo.
Según la nueva normativa, toda persona con una solicitud de asilo en trámite deberá abonar una tarifa anual mientras su caso permanezca abierto. El pago será exigido por cada año calendario en el que el expediente continúe en proceso. “Si un extranjero no paga en los 30 días posteriores a la notificación, el Uscis rechazará su solicitud de asilo pendiente. Si el extranjero no tiene estatus legal en EE.UU., la agencia además iniciará procedimientos de remoción contra el extranjero”, indicó el DHS en un comunicado oficial.
El procedimiento de deportación se activa una vez que el trámite de asilo queda sin efecto por falta de pago. Otra consecuencia directa es la cancelación de beneficios laborales. Las solicitudes pendientes de autorización de empleo serán denegadas, mientras que los permisos ya otorgados perderán vigencia de forma inmediata.
El sistema también prevé la interrupción del cómputo del tiempo requerido para solicitar por primera vez un permiso de trabajo basado en el asilo, conocido como “reloj de asilo”. En caso de incumplimiento, los solicitantes deberán reiniciar o prolongar el período necesario para acceder a ese beneficio, lo que afecta directamente su situación laboral.
Las autoridades confirmaron que estas medidas serán aplicadas sin necesidad de evaluaciones adicionales, una vez vencido el plazo de pago. El monto inicial de la tarifa anual fue fijado en US$100 durante el año pasado, pero fue actualizado a US$102 para el año fiscal 2026. El pago debe realizarse exclusivamente de forma electrónica mediante el sistema habilitado por la agencia migratoria, sin posibilidad de exención o reducción, salvo una orden judicial que beneficia a ciertos integrantes de familias separadas en la frontera.
Otro cambio relevante afecta al formulario I-589, utilizado para solicitar asilo. A partir de la nueva regulación, el monto abonado por su presentación no será devuelto si el trámite es rechazado por errores o información incompleta. La normativa también incluye modificaciones en otros formularios, como una tarifa mínima de US$24 para el formulario I-102, y cambios en los permisos de trabajo asociados al Estatus de Protección Temporal, cuya duración quedará limitada a un máximo de un año o al tiempo restante de la designación del país de origen.