La Universidad de Buenos Aires (UBA) alertó que el Ejecutivo nacional no envió los recursos operativos previstos para los primeros cuatro meses del año, lo que afecta a más de 700 mil pacientes anuales. Las autoridades convocaron a una conferencia de prensa para este martes.
La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que el Gobierno nacional cortó a cero el envío de fondos operativos destinados a su red de hospitales durante los primeros cuatro meses del año. Ante la gravedad de este escenario financiero, las autoridades académicas alertaron que la decisión oficial pone en riesgo la atención médica de más de 700 mil pacientes anuales.
Como primera medida, los directores de los centros de salud convocaron a una conferencia de prensa de urgencia para este martes a las 8:30 en las escalinatas del Hospital de Clínicas.
Según las cifras detalladas por la institución, el Presupuesto 2026 contempla una partida específica de 80.000 millones de pesos agrupada bajo la planilla «Hospitales». Sin embargo, la administración de Javier Milei no transfirió los recursos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril. Esta retención consolidó una deuda acumulada que ronda los 20.000 millones de pesos, un dinero indispensable para sostener la compra de insumos, el mantenimiento de infraestructura y los servicios sanitarios básicos.
El bloqueo presupuestario golpea de forma directa a la red médica de la universidad porteña, integrada por el Hospital de Clínicas “José de San Martín”, el Instituto de Oncología “Ángel H. Roffo”, el Instituto de Investigaciones Médicas “Alfredo Lanari”, el Instituto de Tisioneumonología “Prof. Dr. Raúl Vaccarezza”, el Hospital Odontológico Universitario y el Hospital Escuela de Veterinaria.
Ante esta situación, los sindicatos docentes y no docentes señalaron que el Ejecutivo comete una doble infracción legal: incumple la Ley de Financiamiento Universitario y desatiende la Ley de Presupuesto vigente. La parálisis en las transferencias suma un nuevo foco de tensión al conflicto generalizado por el funcionamiento del sistema público educativo.
La Ley de Financiamiento Universitario fue aprobada con amplio consenso en el Congreso durante 2025 y, tras las impugnaciones impulsadas por el Gobierno nacional, la Justicia ratificó su validez. A finales de marzo, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal exigió al oficialismo el cumplimiento inmediato de las partidas para recomposición salarial y becas estudiantiles, aunque la Procuración del Tesoro presentó en abril un recurso extraordinario para frenar esos artículos clave.
Con este telón de fondo y el riesgo de que los centros de salud deban frenar su operatividad, la comunidad universitaria reforzó la convocatoria a la Marcha Federal Universitaria pautada para el próximo 12 de mayo. La movilización, organizada conjuntamente por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), proyecta una asistencia masiva tanto en el centro porteño como en las principales ciudades del interior del país.
En paralelo al reclamo económico, el Ministerio de Capital Humano intimó a los rectores a garantizar el dictado de clases en medio de las huelgas que llevan adelante los profesores universitarios. A través de un comunicado emitido por la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la cartera que conduce Sandra Pettovello exigió que las autoridades informen qué acciones implementaron para asegurar el derecho de los estudiantes. El documento oficial reclamó un plan de contingencia con opciones virtuales y reprogramaciones para evitar que los alumnos pierdan la regularidad o las mesas de examen frente a la suspensión de la actividad académica.
La respuesta desde la universidad porteña llegó en un tono de abierta confrontación. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, ironizó sobre la intimación del Ejecutivo y celebró que el Ministerio de Capital Humano finalmente reconozca que en la Argentina no se está garantizando el derecho a la educación. Además, el dirigente advirtió que esa misma admisión gubernamental expone una realidad aún más compleja, en la cual hoy corren peligro derechos constitucionales fundamentales de toda la población. Para cerrar su réplica, Yacobitti responsabilizó de forma directa a la Casa Rosada por la crisis terminal que atraviesa el sistema de educación superior. El directivo universitario remarcó que la administración nacional carece de un plan claro y la acusó de ejecutar una política educativa ilegal, diseñada para desfinanciar a las instituciones mediante el incumplimiento sistemático de normativas que ya cuentan con el aval legislativo y ratificaciones de la propia Justicia.