A 50 años del inicio de la última dictadura cívico-militar, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py instruyó al juez Sebastián Ramos a dar curso a un pedido de hábeas corpus colectivo presentado por familiares de víctimas del terrorismo de Estado.
El 24 de marzo pasado, a las 3 de la madrugada —hora en que 50 años atrás se anunciaba por radio y televisión el inicio de la última dictadura— un grupo de hijos y familiares de desaparecidos y asesinados durante el terrorismo de Estado presentó un hábeas corpus colectivo para que “digan dónde están y qué pasó con la totalidad de las víctimas”. Se trata de una reedición de un intento que habían hecho 30 años atrás, en 1996, y que en ese momento fue rechazado sin mayores explicaciones.
Esa presentación estuvo a cargo de la agrupación H.I.J.O.S., que reúne a hijos e hijas de militantes de la década de 1970. En esta oportunidad, el hábeas corpus colectivo lo impulsó la campaña SonSinCuenta, que generó distintas acciones políticas y culturales para dar visibilidad por el medio siglo transcurrido desde el inicio de la última dictadura.
El 24 de marzo último la presentación se hizo online y en primera instancia el juez federal Sebastián Ramos la rechazó al señalar que el hábeas corpus está pensado para otro tipo de situaciones consideradas urgentes. El expediente llegó por apelación a la Cámara Federal y la Sala II, integrada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, ordenó a Ramos que “reencauce” el pedido en lugar de rechazarlo.
Este jueves, los tres magistrados de la Sala II recibieron en el séptimo piso de los tribunales de Comodoro Py 2002 a los familiares. Durante la audiencia, el abogado Luis Zamora pidió “el cese de la incertidumbre” respecto del paradero de los desaparecidos por la última dictadura. En una conferencia de prensa posterior, los integrantes del colectivo exigieron que el Estado instrumente las diligencias necesarias para acceder al “derecho a la verdad, a la justicia, al duelo y a la certidumbre”.
Además de Zamora, patrocinan al colectivo los abogados Marcela Dal Santo, Silvia Pelozo y Sebastián Blanchard. Lucía Herrera, impulsora de la medida y quien participó en la audiencia con los jueces de la Cámara Federal, dijo en diálogo con La Retaguardia que “los jueces parecían estar atentos y receptivos”. “Esperamos que la respuesta de la Justicia sea acorde”, manifestó.
“La pregunta que venimos a formular de forma colectiva tiene vigencia no solo para familiares sino para toda la sociedad. El Estado es responsable de tener un rol activo en la búsqueda de información”, planteó Herrera, hija de Mario, periodista, quien permanece desaparecido.
Desde el colectivo SonSinCuenta reclamaron al juez que “exija al Estado nacional información sobre dónde están los desaparecidos” y que la Cámara disponga la producción de medidas, algo que los jueces deberán definir en los próximos días.