El Gobierno no ha solicitado incluir la oficialidad del catalán, euskera y gallego en el orden del día del Consejo de Asuntos Generales de la UE desde julio de 2025, debido a la falta de unanimidad entre los Estados miembros.
La oficialidad del catalán, el euskera y el gallego en la Unión Europea continúa sin progresos. La última vez que el Gobierno español llevó la cuestión a debate ante el Consejo de Asuntos Generales fue en julio de 2025, bajo presidencia danesa. Al completarse el semestre capitaneado por Chipre, el asunto no ha vuelto a ser incluido en el orden del día por falta de la unanimidad necesaria para que la solicitud española pueda materializarse.
Fuentes comunitarias confirmaron que España no pidió su inclusión en la reunión de este martes en Luxemburgo, consciente de que las posiciones se mantienen. Varias capitales consultadas por Europa Press señalaron que no consideran prioritario abordar esta cuestión en el contexto internacional actual, con otras prioridades para la UE.
El Gobierno solicitó la inclusión de las tres lenguas cooficiales en el reglamento lingüístico de la UE en agosto de 2023, en el marco del acuerdo con Junts para respaldar un nuevo mandato de Pedro Sánchez. Aprovechando que España ocupaba la presidencia rotatoria del Consejo en el segundo semestre de 2023, intentó acelerar su aprobación. Llevó el asunto hasta en cuatro ocasiones al Consejo de Asuntos Generales durante ese semestre, y luego pidió su inclusión en otras tres ocasiones: bajo presidencia de Bélgica, con Polonia y, la última, en julio de 2025 con Dinamarca.
Sin embargo, la presidencia de Chipre concluirá sin que España haya intentado elevarlo al debate de los ministros ni una sola vez en estos seis meses, según distintas fuentes europeas.
La necesidad de unanimidad para aprobar la medida es el principal escollo. El Gobierno intentó disipar dudas entre sus socios, especialmente de índole jurídica y sobre el posible precedente para otras lenguas minoritarias en la UE. España se comprometió a sufragar los gastos adicionales —que la Comisión Europea estima en unos 132 millones de euros anuales— y planteó una implementación parcial desde 2027, traduciendo solo los reglamentos del Consejo y del Parlamento Europeo.
Para evitar el precedente, el Gobierno propuso incluir una declaración adjunta que valore futuras peticiones “caso por caso” y exija criterios estrictos, como que la lengua sea históricamente originaria del país y esté reconocida en su Constitución durante al menos dos décadas.
Pese a estos esfuerzos, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó que 20 de los 27 Estados miembros no se oponen, pero siete lo hacen. Otras fuentes europeas elevan a al menos una decena las delegaciones que han expresado dudas. Alemania fue uno de los países más asertivos en el Consejo de Asuntos Generales del 18 de julio de 2025, aferrándose al dictamen del servicio jurídico del Consejo que señalaría la necesidad de reformar los Tratados. El Gobierno acordó con Berlín un diálogo bilateral en octubre pasado, pero tras un encuentro en mayo de 2025, Alemania aclaró que no había cambiado su postura.
El Gobierno insiste en que el tema es prioritario, especialmente por la relación con Junts. Sin embargo, diplomáticos de países con reservas señalaron que cuesta verlo como prioritario frente a conflictos como la guerra en Ucrania o el impacto del conflicto con Irán. Otro diplomático de un país que no se opondría cuestionó que el Gobierno pida apoyo en este tema mientras no muestra la misma solidaridad en cuestiones como China o la postura frente al presidente estadounidense Donald Trump.
Los socios siguen esperando un informe del servicio jurídico de la UE que disipe dudas, pero para ello España debe solicitarlo, y el Gobierno no ha dado ese paso. Tampoco ha solicitado a la Comisión Europea una evaluación de impacto completa, a pesar de que Bruselas se mostró dispuesta a realizarla. España prometió asumir el gasto, pero los socios demandan cifras claras y el detalle del encaje legal.