La Contraloría de Bogotá inició un proceso de responsabilidad fiscal contra la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) por un presunto detrimento patrimonial de $2.603 millones, tras detectar que 1.315 niños recibieron servicios simultáneos durante 2024 y 2025.
La Contraloría de Bogotá abrió un proceso de responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $2.603 millones en la atención a primera infancia, tras detectar que 1.315 niños y niñas recibieron servicios simultáneos por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) durante 2024 y 2025.
El organismo de control determinó que estos menores fueron beneficiados de manera concurrente con recursos públicos de ambas entidades, lo que habría generado una duplicidad en el pago y prestación de servicios destinados a la primera infancia. De acuerdo con el informe de la Contraloría, la situación vulnera la normatividad vigente, que prohíbe que un mismo menor reciba atención financiada por más de una entidad estatal al mismo tiempo.
Detalles del hallazgo fiscal y periodos comprometidos
La investigación surgió de una indagación preliminar que permitió a la Contraloría evidenciar que, tanto la entidad distrital como el Icbf, ejecutaron programas con características y componentes similares, orientados a garantizar el desarrollo integral de niñas y niños en Bogotá. El cruce de bases de datos reveló que durante 2024 se dieron 339 casos de atención simultánea y en 2025 otros 976 casos, sumando un total de 1.315 beneficiarios atendidos concurrentemente.
El análisis técnico y financiero estableció un presunto daño fiscal de $2.603 millones, con más de $1.025 millones correspondientes a la vigencia 2024 y $1.122 millones a 2025. Según la Contraloría, la irregularidad se produjo por fallas graves en los mecanismos de control y seguimiento de la Integración Social, que no verificó oportunamente si los beneficiarios ya estaban siendo atendidos por otra entidad pública.
La omisión, según el ente de control, se relaciona con la falta de aplicación efectiva de instrumentos de validación y control, como la Resolución 218 de 2023, el Portafolio de Servicios institucional y los protocolos de seguimiento definidos por la Secretaría. Esta situación habría permitido que la duplicidad de atenciones se mantuviera durante los dos años analizados.
Funcionarios y posibles consecuencias de la investigación
El proceso de responsabilidad fiscal vincula presuntamente a varios funcionarios que ejercieron como Subdirectores para la Infancia en la secretaría, encargados del control, seguimiento y correcta ejecución de los programas afectados. El subdirector de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría, Diego Samudio Caballero, afirmó: “Esta situación no solo compromete recursos públicos, sino que limita la posibilidad de ampliar la cobertura de los programas dirigidos a la primera infancia. Cada cupo utilizado de manera duplicada representa una oportunidad menos para muchos niños”.
El hallazgo subrayó la importancia de contar con controles efectivos para evitar la superposición de recursos en la atención a la infancia y asegurar que los fondos públicos beneficien al mayor número de menores posible. El proceso fiscal en curso busca establecer responsabilidades y recuperar el presunto daño patrimonial.
Respuesta de la Secretaría de Integración Social
Ante el pronunciamiento de la Contraloría, la Secretaría Distrital de Integración Social defendió la legalidad y transparencia de su gestión, recordando que en Colombia la educación inicial es un derecho fundamental y que su labor se desarrolla bajo principios de protección integral, interés superior y prevalencia de los derechos de la niñez, en cumplimiento de la Constitución Política y leyes como la 1098 de 2006 y la 1804 de 2016.
La secretaría aclaró que la concurrencia y complementariedad de atenciones entre diferentes servicios y actores institucionales es un mecanismo para garantizar de forma efectiva los derechos de la población infantil, y no debe interpretarse automáticamente como una duplicidad irregular. Según la entidad, la política pública de primera infancia promueve la articulación de acciones para asegurar una atención integral y suficiente, especialmente para niños en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Durante 2024, Integración Social atendió a más de 48.000 niñas y niños en jardines infantiles de Bogotá. Según su informe, los 339 casos señalados ese año representan apenas el 0,7 % del total de beneficiarios. Para 2025, la cobertura se amplió a más de 51.900 usuarios, y los 976 casos reportados equivalen al 1,9 % de la población atendida. La totalidad de los 1.315 casos observados corresponde a niñas y niños atendidos por cajas de compensación familiar y entidades sin ánimo de lucro que operan jardines infantiles mediante convenios con la Secretaría.
Integración Social aseguró contar con mecanismos de seguimiento, control y verificación que respaldan la prestación efectiva de los servicios, a través de registros de asistencia, soportes de atención, historias sociales y sistemas de información institucionales. Según la Secretaría, los recursos públicos ejecutados corresponden a atenciones debidamente prestadas y soportadas, dentro de los procesos de control establecidos.
La entidad reiteró su disposición para colaborar con los organismos de control, aportando la información requerida y fortaleciendo la transparencia y el seguimiento de los recursos públicos destinados a las familias más vulnerables de la ciudad.
Finalmente, la dependencia insistió en que todas sus actuaciones se ajustan al estricto cumplimiento de la normatividad vigente y que continuará trabajando articuladamente para garantizar la protección de la primera infancia en Bogotá.