La Fiscalía de Brasil comunicó al Supremo Tribunal Federal que la incautación de un arma de propiedad del expresidente Jair Bolsonaro en manos de un guardaespaldas no constituye una falta grave que afecte su régimen de arresto domiciliario.
La Fiscalía de Brasil comunicó al Supremo Tribunal Federal (STF) que la incautación de un arma de propiedad del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) en manos de uno de sus guardaespaldas no constituye una falta grave para afectar la renovación del régimen de arresto domiciliario del exmandatario. Bolsonaro fue sentenciado a más de 27 años de cárcel por el intento de golpe de Estado contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
“La clasificación de un delito como grave requiere más que la mera subsunción del hecho a la norma; exige un análisis de los impactos de la conducta ilícita en el ordenamiento jurídico y en el objeto y la finalidad de la ejecución penal”, señaló el fiscal general, Paulo Gonet, en un comunicado recogido por la agencia Brasil de noticias.
El fiscal respondió así a la petición del juez del Supremo Alexandre de Moraes, que le había dado a su departamento un plazo de 48 horas para comunicar su postura. Moraes estimó que el expresidente podría haber cometido un delito grave durante su arresto domiciliario, considerando que la Ley de Ejecución Penal (LEP) define como delito grave “la posesión ilícita de un instrumento capaz de dañar la integridad física de otra persona”.
Bolsonaro, cuyo régimen de arresto domiciliario concluía este jueves, declaró el martes ante la Policía Civil del Distrito Federal y confirmó la propiedad del arma. En su comparecencia, el condenado alegó que “tenía tres mujeres (su esposa, Michelle Bolsonaro, su hijastra y su hija) en casa y no podía estar desarmado”.
El caso se originó en un control realizado la semana pasada en Brasilia, donde las autoridades detuvieron a un guardaespaldas del expresidente que transportaba un arma perteneciente a Bolsonaro. Según alegó el militar, el arma iba a ser llevada a reparar. El juez Moraes exigió explicaciones al producirse el hecho “en vísperas del fin del período de 90 días de arresto domiciliario”.