Las administraciones municipales deberán publicar en internet resúmenes presupuestarios, ingresos, gastos por departamento y niveles de reservas, además de evaluar un recorte del 10% del gasto proyectado sin afectar servicios esenciales.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó dos nuevas leyes destinadas a reforzar los controles sobre el gasto público de los gobiernos locales, aumentar la transparencia en la administración de los recursos y establecer límites para los incrementos de los impuestos sobre la propiedad. Según informó la administración estatal, las medidas forman parte de una estrategia para proteger a los contribuyentes y exigir una justificación más estricta del uso del dinero público.
De acuerdo con un comunicado de la oficina del gobernador, DeSantis firmó la Senate Bill 4-F (SB 4-F) y la House Bill 1329 (HB 1329) el 24 de junio de 2026 en Bradenton, Florida. Ambas iniciativas apuntan a fortalecer la disciplina fiscal de los gobiernos locales, incrementar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y respaldar los esfuerzos para aliviar la carga del impuesto sobre la propiedad.
En el comunicado oficial, DeSantis afirmó: “Florida redujo su presupuesto durante cuatro años consecutivos y demostró respeto por los contribuyentes. Ahora, intervenimos para proteger a los contribuyentes de los impuestos a nivel local”.
La HB 1329 crea la Local Government Financial Transparency and Accountability Act, que obliga a condados y municipios a publicar en internet información financiera detallada. Entre los datos que deberán estar disponibles se encuentran resúmenes del presupuesto, ingresos y gastos, gastos por departamento, información sobre el personal, niveles de reservas y saldos de fondos, e informes financieros y documentos presupuestarios adicionales.
La normativa también exige la publicación de informes trimestrales sobre la compensación de los empleados y la elaboración de calendarios anuales para el desarrollo del presupuesto.
Además, la HB 1329 incorpora un ejercicio obligatorio de reducción presupuestaria antes de la aprobación definitiva de los presupuestos locales. Los funcionarios deberán identificar alternativas que permitan reducir en un 10% el gasto proyectado sin afectar servicios esenciales como policía, protección contra incendios y otras funciones gubernamentales exigidas por la ley.