La Corte Suprema rechazó los planteos de nulidad y ratificó el monto actualizado de $684.990 millones que deberán afrontar los condenados en la causa Vialidad.
La batalla judicial por la ejecución de la condena en la causa Vialidad abrió un nuevo capítulo. Un día después de que la Corte Suprema dejara firme la actualización del monto del decomiso a $684.990 millones, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un recurso de queja para intentar frenar la ejecución y eventual remate de bienes alcanzados por la sentencia, una estrategia que también adoptó el empresario Lázaro Báez.
La Corte rechazó los planteos de nulidad y ratificó el monto actualizado que deberán afrontar los condenados, cifra que surge de la actualización de los aproximadamente $85.000 millones originalmente establecidos por el Tribunal Oral Federal N.º 2.
La discusión ahora se concentra en la etapa de ejecución patrimonial. Entre los bienes que podrían quedar alcanzados por el decomiso figuran propiedades de Cristina Kirchner en la Ciudad de Buenos Aires y Santa Cruz, hoteles vinculados a las firmas de la familia y otros activos incluidos en los expedientes judiciales.
La defensa de la ex mandataria, encabezada por el abogado Carlos Beraldi, también busca excluir del proceso bienes de Máximo y Florencia Kirchner, argumentando que no existe prueba de que esos activos provengan de los hechos investigados.
La causa Vialidad constituye uno de los expedientes de corrupción más relevantes de la historia reciente argentina. En diciembre de 2022, el Tribunal Oral Federal N.º 2 condenó a Cristina Kirchner por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en relación con 51 contratos de obra vial adjudicados en Santa Cruz.
Aquella sentencia fue posteriormente confirmada por instancias superiores y finalmente quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema.
Uno de los aspectos centrales del proceso es el decomiso, figura prevista en la legislación penal para recuperar activos obtenidos o vinculados con delitos contra el Estado. El cálculo original se basó en los perjuicios económicos atribuidos a las irregularidades detectadas en las licitaciones de obra pública investigadas.
El expediente aún presenta otros frentes abiertos. La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó intervenir en la administración de los bienes decomisados, sosteniendo que los activos vinculados a causas de lavado deben quedar bajo la órbita de organismos especializados.
Aunque las nuevas presentaciones judiciales podrían demorar algunas definiciones, especialistas consultados previamente por distintos medios nacionales han señalado que los recursos de queja no tienen efecto suspensivo automático, por lo que la Justicia podría avanzar paralelamente con las medidas destinadas a identificar, tasar y eventualmente ejecutar los bienes alcanzados por la condena.
El caso tiene además una fuerte dimensión política. Cristina Kirchner continúa denunciando una persecución judicial y cuestionando las resoluciones adoptadas por los tribunales, mientras que el oficialismo considera que la ratificación de las condenas constituye un hito en la lucha contra la corrupción.
En ese escenario, la disputa por el patrimonio de la ex presidenta aparece como el último gran tramo de un proceso judicial que se extendió durante más de una década y que ahora ingresa en su etapa más sensible: la recuperación efectiva de los bienes reclamados por el Estado.