El Comité Nacional de Empalme del Gobierno de Colombia suspendió su participación en las sesiones conjuntas con el equipo entrante y radicó una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio por declaraciones que afectarían la honra del presidente y su gabinete.
El Comité Nacional de Empalme del Gobierno de Colombia suspendió este 7 de julio de 2026 su participación en las sesiones conjuntas con el equipo entrante y anunció una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, a quien se acusa de afectar la honra del presidente de la República y de su gabinete con señalamientos formulados en una entrevista.
La decisión fue presentada en una declaración institucional firmada en Bogotá por Germán Ávila Plazas, Nhora Mondragón Ortíz, Augusto Ocampo Camacho y Natalia Irene Molina Posso. En ese texto, el comité sostuvo que el proceso de transición fue desviado hacia una lógica de acusación pública bajo la etiqueta de un supuesto “empalme anticorrupción”.
El punto de quiebre, según el documento oficial, fue una entrevista concedida el domingo por Lucio, integrante del comité del gobierno entrante. A partir de ese episodio, el equipo saliente afirmó que ya no existen condiciones mínimas de respeto institucional para mantener las reuniones conjuntas.
La declaración confirma la suspensión como una defensa del carácter administrativo del empalme y no como un retiro definitivo del proceso. El comité sostuvo que seguirá comprometido con sus deberes constitucionales, pero condicionó cualquier reanudación a que existan garantías de respeto recíproco y cese una narrativa que, a su juicio, desnaturaliza el propósito de la transición.
El gobierno saliente sostuvo que el empalme fue convertido en un escenario de acusación. En el pronunciamiento afirmó: “El empalme no fue concebido para eso, el empalme no es una investigación penal, el empalme no es un juicio, el empalme no es una plataforma política, el empalme es un deber de Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”.
La tesis central del documento es que el gobierno saliente considera que se instaló públicamente una presunción de responsabilidad sobre su gestión. Por eso diferenció entre el debate político y el uso de una mesa institucional para proyectar, ante el país, una lectura incriminatoria del relevo administrativo.
En esa misma línea, el comité insistió en que cualquier eventual responsabilidad debe tramitarse fuera del empalme. “Las eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales corresponden exclusivamente a las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de la justicia”.
El dato de mayor peso institucional del pronunciamiento fue el anuncio de una acción penal. El comité informó: “El Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra el doctor Carlos Alonso Lucio, con ocasión de las declaraciones que ofreció por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor Presidente de la República y de su Equipo de Gobierno”.
La declaración añade que ese conflicto debe resolverse “ante las autoridades competentes” y no en la mesa de empalme. Con esa formulación, el gobierno saliente separó la controversia política del procedimiento de transición y fijó una frontera entre el intercambio de información administrativa y las eventuales disputas judiciales.
Carlos Alonso Lucio fue identificado en el texto como integrante del comité de empalme del gobierno entrante. El documento no reproduce sus afirmaciones ni menciona el medio en el que habló, pero las califica como “graves señalamientos” contra el presidente y su equipo de gobierno.
Junto con la suspensión, el gobierno intentó reforzar la idea de apertura institucional. El comité informó que extendió una invitación formal a Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, para que, si lo considera pertinente, disponga la participación de procuradores delegados o de otros funcionarios competentes en las distintas sesiones sectoriales de empalme.
También saludó el acompañamiento de la Contraloría General de la República. Según el documento, la presencia de los organismos de control fortalece la transparencia, la confianza pública y las garantías institucionales para todas las partes.
Ese argumento fue reforzado con una definición política del propio comité sobre su conducta en el proceso. “No tenemos absolutamente nada que ocultar”, afirmó, antes de sostener que la transparencia se demuestra “abriendo las puertas de las instituciones” y entregando la información pública correspondiente.
El anuncio más concreto del cierre de la declaración fue la interrupción de la participación oficial en las sesiones conjuntas. El comité expresó que hoy no existen condiciones mínimas de respeto institucional para continuar mientras persistan los ataques personales y la utilización de una narrativa incompatible con la naturaleza del proceso.