El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que la opinión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU respecto al expresidente Pedro Castillo carece de efectos jurídicos obligatorios.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú señaló este sábado que la opinión emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en relación con la situación del expresidente Pedro Castillo no tiene carácter vinculante ni altera las decisiones adoptadas por las autoridades peruanas.
A través de un comunicado, la Cancillería peruana precisó el alcance jurídico del pronunciamiento difundido por este mecanismo de la ONU. Explicó que el grupo es un Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos, integrado por profesionales independientes que examinan comunicaciones individuales y formulan opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados.
El Ministerio recordó que, conforme al Derecho Internacional Público, las opiniones del Grupo de Trabajo constituyen pronunciamientos de un mecanismo de supervisión no jurisdiccional. Por lo tanto, sus opiniones no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen efectos directos en el ordenamiento jurídico interno.
Este pronunciamiento se produjo después de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyera este jueves que la detención del expresidente Pedro Castillo, ocurrida en diciembre de 2022 en el marco de una investigación por un presunto intento de golpe de Estado, fue “arbitraria” y pidiera su liberación inmediata. Los expertos de la ONU señalaron que la detención vulneraría los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Tras conocerse el documento, Castillo reclamó su liberación, afirmando que la decisión confirma que su encarcelamiento no tuvo justificación y que el Estado peruano violentó sus derechos humanos. El exmandatario apeló a organismos nacionales e internacionales para que acaten lo dispuesto por la ONU.
Castillo cumple una condena de once años de prisión por el delito de rebelión, tras el intento fallido de autogolpe de Estado en diciembre de 2022, cuando intentó disolver el Congreso y convocar una nueva constituyente. Además, enfrenta otra causa por presunta corrupción y liderazgo de una organización criminal.