El representante a la Cámara electo Daniel Briceño explicó por qué decidió rechazar la prestación de servicios de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad a la que lanzó cuestionamientos por su funcionamiento y por presuntos hechos de corrupción.
El representante a la Cámara electo Daniel Briceño explicó por qué decidió rechazar la prestación de servicios de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad a la que lanzó fuertes cuestionamientos por su funcionamiento y por presuntos hechos de corrupción.
Briceño, quien fue el congresista más votado del país, habló en el espacio “Sin Anestesia”, de La Luciérnaga en Caracol Radio, sobre las razones que lo llevaron a renunciar al esquema de seguridad. Según dijo, no confía en la entidad y considera que actualmente no ofrece garantías suficientes para quienes reciben protección.
“La UNP no es una garantía de nada en estos momentos”, afirmó el representante electo durante la entrevista en Caracol Radio. Su declaración se produjo al explicar que prefiere no contar con un esquema asignado por una entidad sobre la cual mantiene reparos políticos y administrativos.
El congresista electo también cuestionó la presencia de firmantes de paz dentro de la Unidad Nacional de Protección. Según su postura, esa situación le genera desconfianza frente a las personas que podrían ser designadas como escoltas.
“Es una entidad absolutamente corrupta, infiltrada por gente que salió de las Farc y usted no sabe si le están poniendo a esas personas como escolta”, sostuvo Briceño. Sus afirmaciones corresponden a su posición personal y no fueron presentadas en la entrevista como una conclusión judicial contra la entidad.
El representante electo resumió su decisión con una frase directa: “Yo prefiero estar solo que mal acompañado”. Con esto justificó su renuncia al servicio de protección y dejó claro que no quiere depender de la UNP mientras mantenga las dudas que expuso públicamente.
Briceño señaló que su decisión no significa que el Estado no deba entregar esquemas de seguridad. Por el contrario, afirmó que el problema es la forma en que se asignan y la necesidad de que lleguen realmente a quienes enfrentan amenazas graves.
“El problema de Colombia es que no es que no se tengan que dar esquemas de seguridad, es que tienen que estar realmente para la gente que los necesita”, dijo el congresista electo.
En su intervención, Briceño puso como ejemplo la situación de líderes sociales asesinados en el país. Según él, cuando ocurren estos crímenes, muchas veces lo único que las víctimas tenían como medida de protección era “un botón de pánico, un celular y un chaleco antibalas de la UNP”.
Con esa crítica, el representante electo apuntó a una discusión más amplia: si los recursos de protección están llegando a las personas con mayor nivel de riesgo o si se están concentrando en funcionarios y políticos que no necesariamente enfrentan amenazas extraordinarias.
Briceño aseguró que ha realizado estudios sobre su propia seguridad y que el resultado fue un riesgo “ordinario”. A partir de ese caso, cuestionó que otros funcionarios puedan recibir esquemas más amplios sin una evaluación suficientemente rigurosa.
El congresista electo mencionó el caso del Concejo de Bogotá para criticar lo que considera un uso desmedido de estos beneficios. Según dijo, cuando una corporación pide protección para todos sus integrantes y entrega recursos por adelantado, el resultado termina favoreciendo la clasificación de riesgo extraordinario.
“El Concejo le dice a la UNP: ‘Necesito proteger 45 concejales, ¿cuánto cuesta?’. Le dicen: ‘10 mil millones al año’. Y el Concejo pone la plata por adelantado, pues todos van a salir con riesgo extraordinario”, afirmó.
Su propuesta es que se realicen estudios de riesgo “de verdad”, capaces de evaluar con mayor precisión la situación de políticos, líderes sociales y demás personas sujetas a protección.
Briceño insiste en que la seguridad debe asignarse con criterios técnicos y no como un privilegio automático. Para él, el país necesita revisar el funcionamiento de la UNP, garantizar que los esquemas lleguen a quienes realmente los requieren y evitar que los recursos se distribuyan sin una medición clara del peligro.