La Cámara alta dio luz verde a la designación de jueces nacionales, mientras postergó el debate sobre la ley de tierras. Analistas señalan que el proceso refleja acuerdos entre el Gobierno, gobernadores y bloques dialoguistas.
La sesión del Senado de este jueves aprobó una serie de pliegos judiciales y postergó el tratamiento de la ley de tierras. Según fuentes parlamentarias, la jornada evidenció el carácter transaccional de las relaciones políticas actuales, con negociaciones que incluyeron a gobernadores, bloques dialoguistas y el Poder Ejecutivo.
Entre los pliegos aprobados se encuentran los de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la sala de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal Federal, tribunal que interviene en la investigación del caso $LIBRA, en el que está involucrado el presidente Javier Milei. En contraste, no se impulsó la continuidad del camarista Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años este sábado, y se reemplazó al juez Leopoldo Bruglia, quien se negó a someterse al procedimiento de ratificación impulsado por el Gobierno.
El proceso de designación de jueces, que abarca más de 300 cargos, fue gestionado por el Ministerio de Justicia, a cargo de Juan Bautista Mahiques. Fuentes del Consejo de la Magistratura señalaron que se priorizaron nombres que no tuvieran vetos de sectores políticos o de poder, y destacaron la amplitud de relaciones de Mahiques para allanar los acuerdos.
La ley de tierras, también conocida como de inviolabilidad de la propiedad privada, no fue tratada en la sesión. Se prevé que sea discutida tras el receso invernal. Legisladores consultados indicaron que la falta de apoyos para su tratamiento respondió a la lógica de negociaciones previas, que incluyen intereses de diversa índole.
El Gobierno rechazó un proyecto de reforma del sistema de selección de jueces promovido por los ministros de la Corte Suprema Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que reducía el peso de las entrevistas en el proceso. El pliego de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, fue aprobado el 4 de junio pasado.
Senadores de la oposición dialoguista afirmaron que los canjes y permutas fueron febriles, pero se encontraron puntos de convergencia. «Ningún político quiere tener un juez de enemigo», declaró un legislador que participó de las discusiones.