El copresidente de Nicaragua declaró el 19 de julio que no se realizarán más comicios en el país, en un hecho que marca un quiebre con la práctica de mantener procesos electorales aunque sean fraudulentos.
El copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó el 19 de julio que «aquí no habrá más elecciones», durante un acto público que coincidió con la final del Mundial de Fútbol. Ortega sostuvo que los partidos de oposición pretendían usar las elecciones «para tomar el poder», que es el objetivo habitual de los comicios.
Nicaragua no es un país de gran tamaño, pero la declaración representa un cambio en la retórica política. Según Freedom House, organización de monitoreo de derechos políticos, Nicaragua es el segundo país que más retrocedió en indicadores democráticos en los últimos 20 años, después de Malí. Ortega fue elegido democráticamente en 2006 y posteriormente impulsó reformas que redujeron la independencia de instituciones judiciales y restringieron la actividad de medios de comunicación y opositores. Aproximadamente una décima parte de la población abandonó el país.
Hasta ahora, Nicaragua mantenía la realización de elecciones, aunque diversos organismos internacionales las calificaron como fraudulentas. Otros líderes con tendencias autoritarias han optado por manipular los comicios en lugar de cancelarlos. Incluso líderes surgidos de golpes de Estado suelen prometer elecciones «tan pronto como las circunstancias lo permitan».
Félix Maradiaga, excandidato presidencial a quien se le retiró la ciudadanía y fue deportado, afirmó que Ortega «se ha quitado la máscara» y dejó claro lo que otros líderes habían ocultado: que no se someterán a la voluntad popular. Maradiaga sugirió que Ortega actuó con la expectativa de que Estados Unidos no responda de manera contundente. Si Nicaragua se convierte formalmente en un Estado de partido único sin consecuencias diplomáticas, otros países podrían seguir ese ejemplo.
La situación en Nicaragua también plantea dos problemas que podrían intensificarse con el declive global de la democracia. En primer lugar, los líderes que no pueden ser destituidos envejecen en el cargo. Ortega tiene 80 años. En segundo lugar, la sucesión: Ortega ha manifestado su intención de que su esposa, Rosario Murillo, asuma el poder tras su muerte, y luego su hijo.
La diferencia entre amañar elecciones y abolirlas no es trivial. Mientras los gobernantes simulen respetar las normas democráticas, los disidentes pueden exigir que cumplan con sus propios estándares. Además, mientras haya elecciones existe la posibilidad de que el líder autoritario pierda. Eso ocurrió en Hungría en 2022, cuando Viktor Orbán enfrentó una elección más reñida de lo esperado, y en Nicaragua en 1990, cuando elecciones libres pusieron fin al primer mandato de Ortega.
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