La diputada nacional Karen Reichardt presentó un proyecto de ley que establece un régimen nacional de regulación para criaderos, refugios, hogares de tránsito y pensionados de animales de compañía. La iniciativa generó críticas de organizaciones proteccionistas y especialistas.
La diputada nacional Karen Reichardt presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone la creación del Régimen Nacional de Presupuestos Mínimos para la Regulación, Habilitación, Fiscalización y Control de Criaderos, Refugios, Hogares de Tránsito y Pensionados para Animales de Compañía. La iniciativa fue presentada a mediados de julio y busca establecer estándares mínimos de bienestar animal, trazabilidad y fiscalización.
El proyecto contempla la creación del Registro Nacional de Establecimientos para Animales de Compañía (RNEAC), de inscripción obligatoria para personas físicas o jurídicas dedicadas a la reproducción, alojamiento, rescate, tránsito o comercialización de animales domésticos. Entre los requisitos se incluyen condiciones edilicias adecuadas, asistencia veterinaria permanente, protocolos sanitarios, identificación individual de los animales, trazabilidad, auditorías periódicas y responsables técnicos.
La iniciativa reconoce a los animales de compañía como “seres sintientes” y adopta el estándar internacional de las “Cinco Libertades” como parámetro de bienestar animal. También prohíbe la eutanasia como método de control poblacional, excepto en casos de sufrimiento irreversible certificado por un veterinario, y establece programas de esterilización y adopción responsable para refugios.
En cuanto a los criaderos, el proyecto propone un sistema de habilitación formal para establecimientos dedicados a la reproducción planificada de animales con fines comerciales o de preservación genética. Según Reichardt, el objetivo es terminar con la clandestinidad y establecer controles ante la dispersión normativa entre provincias y municipios.
Organizaciones proteccionistas manifestaron su rechazo a la iniciativa. Sostienen que al reconocer legalmente la existencia de criaderos comerciales, el Estado legitima una actividad que consideran incompatible con la situación de sobrepoblación animal en Argentina. Para estos sectores, la prioridad debería ser fortalecer las políticas de castración y adopción.
La discusión tuvo exposición pública durante una entrevista en el programa LAM, donde Reichardt se enfrentó con la asesora de imagen Matilde Blanco. Blanco acusó a la diputada de impulsar una iniciativa que “legaliza los criaderos” y cuestionó que se coloque bajo un mismo régimen a refugios sin fines de lucro y establecimientos comerciales. El intercambio incluyó acusaciones personales e interrupciones, hasta que Reichardt abandonó el estudio y anunció acciones legales contra Blanco por difamación.
En la plataforma streaming Bondi, Blanco afirmó que el proyecto no fue escrito por Reichardt, sino por “una persona que tiene unos criaderos, una persona que tiene mucho dinero” y que estaría relacionada con los galgueros con la intención de liberar la carrera de galgos. También recordó que Reichardt conducía un ciclo en la TV Pública donde “hacía desfiles con animales” para promocionar un local de ropas para mascotas.
El médico veterinario Enrique Romero expresó objeciones al proyecto. Sostuvo que la iniciativa confunde actividades distintas al colocar bajo un mismo régimen a refugios y criaderos. Según Romero, los criaderos tienen finalidad comercial, mientras que los refugios cumplen una función solidaria ante el abandono. Remarcó que la solución a la sobrepoblación pasa por campañas masivas de castración, educación y tenencia responsable, y advirtió que regular la actividad comercial podría interpretarse como una validación institucional de la reproducción de animales.
Diversas ONG coinciden en que la creación de un registro nacional de criaderos otorga reconocimiento legal a una actividad cuya existencia debería reducirse. Consideran prioritario ampliar los programas públicos de esterilización gratuita, fortalecer las campañas de adopción y endurecer las sanciones por abandono.
La controversia refleja una diferencia conceptual: mientras Reichardt entiende que regular es una forma de proteger a los animales, los sectores críticos consideran que cualquier legislación que habilite la existencia de criaderos comerciales constituye un retroceso frente al objetivo de priorizar la adopción de animales abandonados.