El oficialismo confirmó un operativo de seguridad para la manifestación, mientras que la CGT, las CTA y otras organizaciones ratificaron su movilización al Congreso para el jueves 6 de agosto.
Buenos Aires, 5 de agosto (NA). El Gobierno y los gremios, junto con movimientos sociales y organizaciones políticas, se preparan para la jornada de debate parlamentario de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, prevista para el jueves 6 de agosto en el Congreso. El edificio estará vallado y monitoreado por las fuerzas federales.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, realizará un operativo de seguridad acorde a la manifestación, con el protocolo habitual para movilizaciones multitudinarias. En Casa Rosada se prevén encuentros en las próximas horas con autoridades de la cartera de Seguridad de la Ciudad para ajustar detalles.
La zona del parlamento contará con la custodia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El objetivo declarado es garantizar la libre circulación y evitar cortes totales de calles y avenidas.
Se reforzarán las vallas alrededor de la Plaza del Congreso y en las principales arterias como Avenida Rivadavia, Hipólito Yrigoyen, Entre Ríos, Callao y Riobamba. No se descartan controles para los manifestantes, en el marco de la prioridad del gobierno de Javier Milei de mantener el orden en las calles durante este tipo de eventos.
El oficialismo mostró optimismo tras la conferencia de prensa de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, realizada el martes. Fuentes de La Libertad Avanza indicaron que “la negociación es minuto a minuto” y que, gracias a cambios en ciertos artículos propuestos por aliados, existen “chances muy concretas” de que el texto sea aprobado.
En contra del proyecto se manifestarán la CGT, las dos CTA, el sindicalismo de izquierda, organizaciones sociales y políticas, colectivos feministas, estudiantiles y ambientalistas. Estos grupos se organizaron durante los últimos días para estar presentes en el Congreso y generar presión para que la normativa no sea aprobada.
El triunviro Cristian Jerónimo, el lunes, rechazó el argumento oficial de que el proyecto defiende la propiedad privada e insistió en que el objetivo es “flexibilizar las normativas vigentes para favorecer la concentración de recursos en pocas manos”. En declaraciones radiales, señaló: “Ya hay un antecedente, como el caso de Lago Escondido que tiene el millonario (Joe) Lewis, donde la gente no puede transitar libremente. Nos parece sumamente preocupante porque sabemos los intereses que hay en algunos sectores y en algunos lugares de la Argentina en los cuales hay una riqueza impresionante en la tierra. Por eso, hay quienes quieren flexibilizar todas las condiciones para que vengan a avasallar y quedarse por muy poco con la Argentina”.
La CTA-T rechazó el “remate” de tierras nacionales que implica la ley y advirtió que, al eliminar o elevar los límites vigentes (un tope del 15% a nivel nacional y departamental, y un máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo por titular extranjero), se permitiría que el territorio sea adquirido “sin regulaciones reales por grandes corporaciones transnacionales”.
La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) también participará de la movilización. Junto con las CTA y la CGT, ofrecerá una conferencia de prensa para explicar por qué consideran que la ley es regresiva para el interés nacional.