El Ejecutivo avanza con la transferencia del mantenimiento de rutas nacionales a las provincias. Un fallo judicial ordenó reparar tres rutas en Santa Fe. Una investigación reveló que solo se ejecutó una cuarta parte de los fondos recaudados por el Sistema Vial Integrado.
El estado de las rutas nacionales generó un nuevo escenario para el Gobierno de Javier Milei. La Casa Rosada firmó convenios para que las provincias asuman el financiamiento y mantenimiento de corredores nacionales. La Justicia Federal ordenó al Estado reparar de urgencia tres rutas en Santa Fe. Una investigación periodística reveló una subejecución de los recursos destinados a obras viales.
El lunes 10, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, firmaron con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, un convenio por el cual la provincia asumirá la gestión integral de tramos de rutas nacionales. San Juan quedará a cargo del financiamiento, conservación, mantenimiento y ejecución de obras en las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149, además del Nudo Vial de las rutas 40 y A014. El acuerdo tendrá una vigencia de 20 años. Los corredores continuarán formando parte de la Red Vial Nacional.
El esquema forma parte de una política del Ejecutivo para trasladar a las provincias responsabilidades sobre rutas bajo jurisdicción nacional. El Gobierno aplicó un esquema similar con Santa Fe sobre la Ruta Nacional A012 y busca extenderlo a otras provincias. La intención oficial es que los distritos puedan financiar obras, completar trabajos pendientes, ocuparse del mantenimiento o recurrir a concesiones privadas.
En paralelo, la Justicia Federal de Venado Tuerto ordenó al Estado nacional la reparación inmediata de las rutas 7, 8 y 33 en los tramos que atraviesan el departamento General López, en Santa Fe. El juez Aurelio Antonio Cuello Murúa consideró probado el deterioro de las calzadas y el incumplimiento de las obligaciones de conservación y mantenimiento.
El expediente indica que la Dirección Nacional de Vialidad había reconocido la necesidad de una intervención urgente sobre la Ruta 33. Se detectaron grietas, hundimientos, baches y ahuellamientos. Una obra adjudicada para intervenir el corredor comenzó parcialmente y quedó paralizada por falta de partidas presupuestarias.
También se registraron incumplimientos en las rutas 7 y 8, concesionadas a Corredores Viales. En la Ruta 8, Vialidad labró 55 actas por incumplimientos contractuales. El fallo sostuvo que el cambio de concesionarias o la distribución interna de competencias no exime a la Nación de garantizar la seguridad y transitabilidad de los corredores.
Una investigación del periodista Hugo Alconada Mon para La Nación, basada en balances contables, informes de cuenta y documentación oficial obtenida mediante pedidos de acceso a la información pública, indicó que durante los primeros dos años y medio de la gestión de Milei el Gobierno recaudó $1,5 billones mediante el Sistema Vial Integrado (SisVial) y ejecutó aproximadamente una cuarta parte en obras viales.
El SisVial recibe una porción del impuesto a los combustibles líquidos y tiene como destino específico el financiamiento de la construcción, mantenimiento y rehabilitación de la red vial. De los $1.503.252 millones recaudados, se ejecutaron $394.406 millones. La subejecución acumulada alcanzó el 73,8%.
Al cierre de mayo, más de $1 billón permanecía en inversiones financieras, principalmente títulos públicos y plazos fijos. Otros $37.761 millones estaban inmovilizados en una cuenta corriente. La investigación calculó $1.038.779 millones que no habían sido aplicados a obras.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, afirmó que una parte de los recursos es administrada por el Ministerio de Economía dentro de la estrategia para alcanzar el equilibrio fiscal. “Una parte de esos impuestos va a Vialidad y la otra parte la dispone el Ministerio de Economía”, declaró. No precisó cuánto correspondía a cada destino.
El Gobierno busca reducir su participación directa y transferir tareas a gobernadores y privados. La Justicia remarcó la responsabilidad nacional sobre la seguridad de los corredores. Se cuestiona el nivel de ejecución de recursos con destino vial específico.