El debate sobre si la participación ciudadana debe considerarse solo un derecho o también un deber cívico cobra relevancia en Argentina, donde la cultura política y la formación ciudadana son temas centrales para el fortalecimiento democrático.
La participación ciudadana es reconocida como un derecho fundamental en constituciones, tratados internacionales y políticas de gobierno abierto. Sin embargo, un análisis reciente sostiene que esta concepción, que deja su ejercicio a la voluntad individual, resulta insuficiente para una democracia que aspire a ser deliberativa y participativa. Según este enfoque, la participación también debería considerarse un deber cívico.
En sociedades liberales, los deberes cívicos se limitan generalmente al cumplimiento de la ley, el pago de impuestos y, en algunos casos, el sufragio obligatorio. La participación en asuntos públicos se presenta como una opción voluntaria, lo que genera un problema de acción colectiva: muchos apoyan la participación pero esperan que otros asuman el esfuerzo. Este comportamiento, conocido como ‘free rider’ o ‘viajero gratis’, debilita la democracia al dejar espacios para la captura de decisiones por grupos organizados y reducir los incentivos para la rendición de cuentas.
La formación ciudadana es un factor clave. Actualmente, la educación cívica se centra en la organización del Estado y contenidos básicos, pero no desarrolla capacidades deliberativas ni hábitos de participación. Expertos señalan que ser ciudadano implica competencias que deben aprenderse desde la infancia, mediante prácticas de deliberación, cooperación y responsabilidad compartida en ámbitos educativos y familiares.
Las iniciativas de gobierno abierto, como portales de datos, presupuestos participativos y audiencias públicas, muestran resultados limitados cuando la ciudadanía no tiene capacidades para utilizarlas. La apertura del Estado requiere una apertura de la ciudadanía, es decir, ciudadanos capaces de comprender información, formular propuestas y controlar la gestión pública.
La expansión de las redes sociales y la inteligencia artificial agregan complejidad al desafío. La polarización, la desinformación y la fragmentación del espacio público dificultan la deliberación. Se requieren nuevas competencias digitales y cívicas para que los ciudadanos puedan supervisar sistemas algorítmicos que afectan sus derechos.
La propuesta de considerar la participación como un deber no implica una obligación jurídica permanente, sino una obligación ética derivada del contrato democrático. Así como pagar impuestos es un deber para financiar bienes públicos, dedicar tiempo y conocimiento a los asuntos colectivos sería una contribución para producir una democracia de calidad. Este deber puede cumplirse de diversas formas: participación en organizaciones, coproducción de servicios, control social, consultas públicas, entre otras.
La calidad de la democracia depende no solo de las instituciones, sino también de la calidad de la ciudadanía. Para superar la democracia ‘delegativa’, como la denominó Guillermo O’Donnell, se necesita una ciudadanía activa que asuma la participación como una responsabilidad compartida. Un Estado abierto requiere ciudadanos abiertos, deliberantes, coproductores y controladores.