La Junta Electoral Central acató una decisión cautelar del Tribunal Supremo y comenzó a depurar los padrones de personas que obtuvieron la nacionalidad española por la disposición adicional octava de la Ley 20/2022. Argentina es el país con mayor número de solicitudes.
La Junta Electoral Central de España acató, por una votación de 7 a 6, la decisión cautelar del Tribunal Supremo que obliga a revisar la situación electoral de las personas que obtuvieron la nacionalidad española a través de la disposición adicional octava de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, conocida como «ley de nietos».
El corresponsal de +Perfil en España, Marcelo Molina, analizó la controversia y precisó que el debate no alcanza a la nacionalidad ya concedida, sino al derecho al voto de los nuevos ciudadanos. «La ley no es lo que está en duda ni lo que está en debate. Lo que está en debate es un punto que es exclusivamente el de poder votar», declaró.
Según datos oficiales, hasta el 31 de mayo de 2026 las oficinas consulares habían recibido 1.225.188 solicitudes y aprobado 571.761 expedientes.
La revisión del padrón electoral
Molina explicó que el conflicto gira en torno a la acreditación de los supuestos previstos en la normativa, particularmente los relacionados con el exilio. «Lo concreto es que hoy se empezaron a depurar los padrones y empezaron a sacar, por el momento, a todas estas personas que no han podido justificar el origen», sostuvo.
La legislación electoral española establece como regla general que el sufragio corresponde a los españoles mayores de edad y que, para ejercerlo, es indispensable estar inscripto en el censo electoral vigente.
El peso de los argentinos
El periodista puso especial atención sobre Argentina. «El mayor aportante para el padrón son argentinos. Entonces, como es el número más significativo, empezaron a llamar en los medios a muchos argentinos», señaló.
Según relató, algunos fueron consultados sobre las circunstancias en las que sus abuelos o bisabuelos habían abandonado España. «Empezaron a preguntarle por sus abuelos, por sus bisabuelos. Casi todos los que hoy están pidiendo son por los bisabuelos», contó.
Molina sostuvo que en varios casos los entrevistados no conocían con precisión las fechas o los motivos de la emigración de sus antepasados. «Básicamente sabemos que los argentinos buscan el pasaporte español, no por el tema de votar, sino por una cuestión de conveniencia económica, de tener un pasaporte de la Comunidad Europea», afirmó.
Argentina cuenta con una de las mayores comunidades de españoles residentes en el exterior y la decisión judicial generó preocupación entre descendientes nacionalizados recientemente.
La nacionalidad no está en discusión
Molina insistió en distinguir entre la ciudadanía obtenida y el ejercicio inmediato del voto. «La ley básicamente lo que hace es una reparación histórica por la gente que tuvo ese problema y le da la nacionalidad. Acá no está en duda la nacionalidad, está en duda puntualmente el hecho de votar», explicó.
El periodista también recordó que la interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática quedó vinculada a una instrucción dictada en octubre de 2022 por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, entonces encabezada por Sofía Puente. Esa instrucción existe y fue publicada oficialmente en el Boletín Oficial del Estado.
Una disputa política y judicial que continúa abierta
Durante el intercambio surgió además la discusión sobre si estos nuevos votantes podrían beneficiar electoralmente al oficialismo español. Molina evitó darlo por sentado: «Es relativo, nadie puede saber», respondió ante esa hipótesis.
También remarcó que el conflicto se concentra especialmente en las próximas elecciones. «Esa gente probablemente a la larga va a poder votar porque, bueno, si vas cumpliendo distintas cosas. Lo que está poniendo en cuestionamiento la Justicia es que puedan votar en las próximas elecciones», sostuvo.